Santos afirmó anoche en un mensaje al país que "Venezuela, como cualquier Estado, tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad", pero aclaró que al hacer esto un país "no puede violar el derecho internacional", lo que a su juicio es lo que está ocurriendo. "Al igual que en los guetos nazis, se han marcado las casas de las familias con una 'D', para luego demolerlas", denunció el mandatario.

Agregó que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, "está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma".

"La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana", añadió. El jefe de Estado colombiano subrayó que las deportaciones "no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad" ni tampoco "masivas ni arbitrarias".

Santos criticó que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido rechazada ayer la solicitud de Colombia de convocar una reunión de cancilleres de ese organismo para tratar el asunto de los deportados. "Infortunadamente, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. ¡Es triste constatarlo, pero fue así!", lamentó.

Igualmente se refirió a la falta de agilidad de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para convocar una reunión de urgencia de cancilleres, que inicialmente había sido marcada para el próximo jueves y luego se postergó. "En cuanto a la Unasur, habíamos pedido una reunión de urgencia que nunca se dio y, por lo tanto, desistimos de esa reunión", sentenció Santos.

Agotadas esas dos instancias, y al margen de la denuncia que pueda llevarse ante la CPI, Colombia acudirá por medio de su canciller, María Ángela Holguín, ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante organismos de Naciones Unidas. En ese sentido, la canciller se reunirá la próxima semana con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, según pudo conocer Efe.

Por su parte, Maduro advirtió desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial, que tiene la "obligación constitucional" de tomar medidas en la zona limítrofe con Colombia "para construir una nueva frontera". El gobernante también reiteró que quiere hablar con su par colombiano para reiterarle las condiciones que ha puesto para levantar el cierre de la frontera que opera desde el pasado 19 de agosto en el Táchira y el estado de excepción.

Destacó que, en primer lugar, Colombia tiene que tomar medidas para prohibir "expresamente" el "ataque a la moneda venezolana" que se hace a través de casas de cambio en ciudades fronterizas colombianas "y en Bogotá". Asimismo, repitió que otra de las condiciones es que Colombia se comprometa a tomar "acciones concretas para corregir el contrabando de extracción que viene desangrando la economía de la frontera" y golpea las cadenas de aprovisionamiento de productos en el país.