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Durante una entrevista por Vorterix, Turraca aseguró que la muerte de Verón, de 49 años, fue producto de una "infección generalizada" producida luego de que se abriera una herida "donde tenía una bolsa de colostomía". Lo que se debe determinar es si ello ocurrió por los golpes recibidos en esa herida o por una caída mientras huía de la represión, tal como lo señalan las fuerzas de seguridad.

Para ello, durante el transcurso de esta semana y la próxima se citarán nuevos testigos para "corroborar los dichos de la familia o confirmar la teoría policial", que "ha sido desde el origen tratar de desvinculase de este hecho".

"Lamentablemente no pudimos contar con el testimonio de Verón. El médico forense fue inmediatamente al hospital pero nunca recobró plenamente la conciencia", explicó y dijo que la situación de salud de la víctima "no ameritaba que estuviera esposado, ya que no generaba peligrosidad para el personal médico".

El fiscal relató, además, que conoció "personalmente" a Verón porque "era la tercera denuncia contra personal policial" que realizaba, "las dos anteriores por el mismo hecho" vinculados con "cortes de ruta" de su movimiento No al Desalojo, en reclamo de viviendas.

Añadió que el gobierno provincial "en dos oportunidades" había realizado un "compromiso" con Verón y su gente, "a través de una mediación institucionalizada, y no les cumplieron" de forma tal que "volvían al corte de ruta de manera permanente".

En tanto, un comunicado de la Mesa Provincial de la Campaña contra la Violencia Institucional, acompañado por el CELS y otras organizaciones, precisó que "hace poco más de un mes" ya habían expresado "la profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia institucional" en Chaco y se había instado "a las autoridades provinciales y judiciales a que agotaran las acciones legales y políticas para terminar con prácticas de instituciones del Estado que lesionan los derechos humanos y debilitan la vida en democracia".

En ese sentido, el comunicado agrega que "Chaco aún no ha puesto en marcha el organismo de investigación y control interno que garantice esta investigación. Cabe recordar que hace tres años se sancionó la Ley N° 6976 de seguridad democrática y nunca se designaron las personas idóneas para realizar esta tarea".

"Estas instituciones de control y prevención de hechos violentos cometidos por fuerzas de seguridad son una obligación que el Estado chaqueño debe cumplir en virtud de la condena en la Causa Greco", precisa la carta firmada por Justicia Legítima NEA, Asociación de Pensamiento Penal (APP), MTD Emerenciano, MTL Chaco, MTD Zona Norte, Movimiento Evita, Frente Grande, Peronismo Militante, Comité Provincial Contra la Tortura y el CELS.