17:44 › SALTA

Un juez acusado de pedir coimas para excarcelar a narcos

El juez federal de la ciudad salteña de Orán, Raúl Reynoso, fue imputado de supuesto cobro de coimas y dádivas a cambio de conceder excarcelaciones a personas acusadas de narcotráfico. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el juzgado del mediático juez, detuvo al abogado René Gómez, defensor de supuestos narcotraficantes, y requisó las viviendas de otros seis imputados, algunos de ellos empleados judiciales.

Juez en Orán desde hace 11 años, Reynoso solía recorrer los medios de comunicación nacionales denunciando la permeabilidad de las fronteras para los narcotraficantes y participó en la conferencia sobre el tema en el reciente 51° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, junto con el embajador de Estados Unidos, Noha Mamet.

Los sospechosos de haber participado en las presuntas maniobras son, además de Reynoso y Gómez, Miguel Ángel Saavedra, María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Elanio Gaona, Lucinda María Segovia y Diego Aquino.

El juez federal Julio Bavio citó a Reynoso a declaración indagatoria para el miércoles 11 en el juzgado de la capital provincial imputado, en principio, de los supuestos delitos de "asociación ilícita", "cohecho", "exacciones ilegales" y "prevaricato".

En la resolución, el magistrado sostuvo que los imputados "formaban una organización criminal que tenía por objetivo la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintas personas imputadas y detenidas en el marco de expedientes del Juzgado Federal de la ciudad de Orán".

En esos expedientes "se investigaban conductas de narcocriminalidad internacional" y los acusados recibían el favor "a cambio de dinero y/o dádivas". El mega-operativo había sido solicitado por el fiscal federal Eduardo Villalba, y por el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, a partir de una denuncia penal que radicó el abogado David Leiva, que actúa en juicios por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

La denuncia de Leiva, a su vez, se basó en las declaraciones que hizo Roxana Brítez, esposa de un supuesto narcotraficante, quien admitió haber llevado dinero al juzgado de Orán para que su marido fuese liberado.

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