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El Tribunal Constitucional español suspendió con carácter provisional e inmediato la resolución independentista aprobada el lunes pasado por el Parlamento autónomo catalán, por lo que su contenido carece de validez. Formalmente el TC admitió a trámite hoy el recurso presentado horas antes por el Gobierno español contra la moción independentista catalana, aunque el efecto es su suspensión durante un plazo máximo de cinco meses, tiempo en el que los magistrados debatirán y decidirán acerca de la constitucionalidad o no de ese texto secesionista.

El Gobierno de Mariano Rajoy fue más allá y pidió al TC que advierta a una veintena de altos cargos de esa región que pueden ser suspendidos si no cumplen sus autos y sentencias. Entre los cargos electos susceptibles de ser suspendidos están el presidente en funciones del Ejecutivo catalán, Artur Mas y la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, así como los miembros de Mesa de la Cámara y los del gobierno autonómico.

De este modo la Justicia zanja por el momento la iniciativa adoptada por el Parlamento catalán que pretende avanzar hacia una "república catalana", con 72 votos favorables de los 135 escaños de la Cámara. Salió adelante con los 62 votos de Junts pel Sí (Juntos por el sí) -grupo del presidente catalán en funciones Artur Mas- y los diez de la CUP (radicales de izquierda).

La moción incluye una mención expresa a que sus promotores no respetarán las decisiones que adopte en el futuro el TC, lo que se vincula con la reforma legal del funcionamiento del Tribunal Constitucional, aprobada el pasado mes, que establece "un régimen específico para los supuestos de incumplimiento" de sus resoluciones. Así, el TC podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria.

"La voluntad política del gobierno de Cataluña es seguir adelante con el contenido de la resolución aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña", afirmó la vicepresidenta regional Neus Munté en una breve rueda de prensa después de conocerse la suspensión decretada por el alto tribunal.

"No es una desobediencia (al Constitucional) sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento", dijo en rueda de prensa la "número dos" en funciones del Ejecutivo catalán. La vicepresidenta acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de "utilizar" el alto tribunal para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña.

Mientras tanto, Cataluña vive un momento de incertidumbre política después de las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre, porque Mas no consiguió ayer apoyos para ser presidente catalán, ni siquiera de sus aliados en el proceso independentista, la CUP.

Hoy Artur Mas se reunió con varios diputados de ese grupo radical de izquierdas a quienes ofreció una fórmula por la cual él se mantendría como presidente de Cataluña, pero cedería poder y responsabilidades a tres vicepresidentes. Mañana martes tendrá lugar la segunda votación a la candidatura de Artur Mas en el Parlamento catalán