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En el marco del primer juicio oral del país que enfocó en primer plano la responsabilidad del sector empresario en el terrorismo de Estado, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Marcos Levín, propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte, a 12 años de prisión.

Levín fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en el secuestro en enero de 1977 de Víctor Cobos, entonces empleado de la empresa y delegado de la UTA. Por los mismos delitos recibieron también una condena de 12 años los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, mientras el exoficial Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de cárcel.

Los querellantes, el propio Cobos y la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Salta habían solicitado 20 años de cárcel para Levín, que era presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y propietario de la firma más importante del sector en Salta. "Se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar rutas comerciales", indicó la querella.

Ya antes del golpe de 1976, la Festap pidió a la policía provincial que aplicara a los gremialistas la llamada ley antisubversiva, que habilitaba a las fuerzas armadas y de seguridad a reprimir la violencia política. En enero de 1977 el dueño de La Veloz denunció en una comisaría de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista de una veintena de trabajadores supuestamente involucrados en la maniobra. Al menos 16 empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura, según las denuncias.

Sin embargo, solo el caso de Cobos llegó a juicio debido a que por ser sindicalista se lo admitió como una persecución política. Las denuncias restantes esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para saber si llegarán a juicio oral.

Al día de hoy, otros nueve empresarios están procesados por su complicidad con la dictadura cívico-militar y a cinco se les dictó sobreseimiento o falta de mérito, entre ellos el dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en fallos que están apelados. La Corte Suprema de Justicia debe aún pronunciarse sobre las apelaciones a la falta de mérito que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó a Blaquier en la causa que investiga su responsabilidad en unos 400 secuestros de "las noches de los apagones", entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

Los restantes imputados son accionistas o ex directivos de la siderúrgica Acindar, la Comisión Nacional de Valores, las automotrices Ford (caso en el que está próximo el inicio del juicio oral) y Mercedes Benz, el establecimiento yerbatero Las Marías, la cementera Loma Negra, Minera Aguilar y Papel Prensa. Hay además investigaciones recién iniciadas como la que puso el foco en la represión a trabajadores de Molinos Río de la Plata, que entonces pertenecía al grupo Bunge y Born.