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El legislador porteño y titular de La Alameda, Gustavo Vera; el abogado y padre de una víctima de Cromañón, José Iglesias; y María Luján Rey, madre de uno de los muertos por la tragedia de Once, pidieron al juez Sebastián Casanello constituirse en "amicus curiae" en la causa que investiga las muertes durante la fiesta electrónica de Costa Salguero, donde se excedió la capacidad del lugar y fallaron los controles de venta de drogas.

La presentación hace hincapié en la “importancia institucional” del caso y denuncia “las sustancias psicotrópicas, su introducción y comercialización, y la corrupción” que permitió su circulación en el predio Costa Salguero. “Esto no es un problema de inspectores; la cuestión está más arriba, es de la autoridad superior, de la norma y de su aplicación”, sentenciaron.

Además, el escrito critica al gobierno porteño al sostener que “la estructura de corrupción que conforma el control comunal no se purificó" tras la tragedia de Cromañón, ni tampoco se modificó "sino que se perfeccionó”.

“Se creó la Agencia de Control Comunal para erigir un vallado institucional que separe al jefe de Gobierno de la ciudad de la responsabilidad de hechos como Cromañón”, aseveran los denunciantes.

En este sentido, argumentaron que la figura de “fiesta privada” utilizada para ese tipo de eventos constituye “un engendro semántico, contradictorio por esencia con el concepto de poder de policía” y es “la nueva versión del negocio ilícito al que le puso fin la causa Cromañón”.

“Antes eran los locales de baile C que realizaban los recitales; ahora eso no se puede hacer y, entonces, inventaron las fiestas privadas”, aseveraron Rey, Vera e Iglesias en el escrito sobre el que deberá expedirse el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa por las muertes ocurridas en el marco de la fiesta Time Warp.