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Más allá de los discursos que endilgan al pasado y a la “pesada herencia” todos los males contemporáneos de la Argentina, el gobierno de la alianza Cambiemos quiso poner en escena en los últimos días un rasgo de sensibilidad hacia los más pobres y anunció un “paquete” de medidas sociales que, en términos concretos y efectivos, en poco modifican la realidad de los sectores más marginados de la sociedad. “No hacen saltar el amperímetro”, podría decirse en lenguaje popular. Son tan poco convincentes como la puesta en escena presidencial en Olivos haciendo una apelación al corazón de los empresarios más poderosos de la Argentina para que ayuden a parar la inflación y a conservar puestos de trabajo. Macri es un empresario y conoce muy bien que a estos empresarios lo único que los conmueve es la billetera y la cuenta bancaria (si es en “paraísos fiscales”... mucho mejor).

Por mi condición de periodista, pero también de docente universitario que participa de experiencias mal llamadas “de extensión” junto a actores populares, tengo contacto habitual con la realidad de organizaciones sociales que trabajan en barrios, asentamientos y en medio de comunidades en las que la exclusión es moneda común. En el desarrollo de estas actividades y en diálogo con los actores que allí se mueven, surgen por lo menos tres evidencias que hablan a todas luces del momento que viven los más pobres. Lo que sigue no es resultado de la especulación de quien escribe, sino la constatación que los protagonistas de los sectores sociales hacen de su propia realidad.

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Aumento de la violencia institucional

Hablar de violencia institucional puede hacer referencia a una gama muy amplia de situaciones, todas ellas reñidas con los derechos humanos. Pero de los testimonios que se recogen en los barrios de la Capital y del Gran Buenos Aires surgen en primera instancia las denuncias por los abusos y los atropellos de las fuerzas de seguridad. “Están agrandados”, dijo una de las mujeres. “Están envalentonados”, aportó otro testigo aclarando que no hay diferencia en esto entre la(s) Policía(s), la Gendarmería o la Prefectura.

Sobre el particular algunos pocos casos salieron a la luz, pero la mayoría no trascienden.

Casi todas las descripciones de los hechos coinciden. Hablan de requisas injustificadas, de detenciones arbitrarias, cuando no de golpes con el pretexto de “resistencia a la autoridad”. Muchos de estos episodios ocurren en la vía pública, pero no faltan tampoco los casos de “allanamientos” que no son tales porque carecen de la correspondiente orden judicial a casas o locales de reunión de los vecinos.

Las víctimas agregan también que cuando intentan hacer la denuncia –si es que se atreven a ello corriendo el riesgo de ser objeto de represalias por parte de las mismas fuerzas de seguridad– sus testimonios no son tenidos en cuenta y, en algunos casos, ni siquiera se les recibe la declaración.

Sin demasiada especulación política, estos hombres y mujeres señalan con sencillez que “los polis ahora sienten que de arriba los van a bancar en este tipo de cosas”.

Las drogas

El “combate al narcotráfico” fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri y su equipo. En los últimos días los argentinos vivimos un episodio muy triste que terminó con la muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica en la que uno de sus ingredientes principales fue el consumo de drogas. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinando como una observadora de la escena llegó a la conclusión de que “tenemos que ser más estrictos” y, para sacarse el tema de encima, agregó que “los padres tienen que ser más estrictos”. Nada dijo acerca de la responsabilidad del Estado en el control de estas situaciones pero se excusó afirmando que “chocamos contra una cultura que nos dice que si somos estrictos, estamos pasando una línea”. Se entiende la lógica: no hay prevención y cuidado del daño. Ser estricto pasa, en consecuencia, por la prohibición y la represión. Como se sabe, esto redunda en mayor negocio para los narcotraficantes y... los policías que también están implicados.

Pero al margen de este episodio, los mismos actores populares a los que venimos aludiendo señalan con preocupación el aumento de la venta y consumo de droga en los barrios.

Dos causas son las que se aducen. Por un lado –de manera casi justificativa– se afirma que una persona (generalmente un joven) puede obtener dinero de manera más rápida y en mayor monto comercializando drogas en lugar de cumplir ocho (cuando no doce) horas en una jornada laboral mal remunerada. Esto último siempre y cuando consiga trabajo, una situación que se hace cada día más difícil.

La otra tiene que ver con el deterioro de la calidad de vida. El aumento de la desocupación genera situaciones de inestabilidad emocional que inducen, entre otras cosas, al consumo de estupefacientes. Nótese además que aquí aparece también un componente violento promovido por el consumo de drogas y que se refleja en violencia en el interior de las familias y de las comunidades. Este es otro dato que registran quienes siguen de cerca la realidad de los barrios más pobres de Buenos Aires.

La reaparición de los comedores populares

Los comedores comunitarios han sido una práctica solidaria desde mucho tiempo en grupos y comunidades populares. Tuvieron su auge en el 2001 y, posteriormente, a partir de la mejora de la situación, la reinserción laboral y el aumento del empleo, los comedores fueron desapareciendo y muchos de ellos se reconvirtieron en centros comunitarios, culturales o espacios políticos.

Ahora todo indica que se está desandando el camino. Las carencias de muchas personas con necesidades básicas insatisfechas empujan la reaparición de comedores populares pero en peores condiciones que antaño, porque el Estado no está colaborando para su mantenimiento. Intentan cubrir una necesidad, pero muchas veces no tienen recursos para hacerlo. Ante la ausencia del Estado, algunas comunidades religiosas o sindicatos se están haciendo cargo –muy parcialmente– de auxiliar a los que no tienen comida.

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Quienes brindan los testimonios que aquí se consignan no son analistas políticos, no trabajan como observadores de los procesos sociales. Sin embargo, sacan sus propias conclusiones sin requerir mucha teoría. Y advierten con toda claridad que los temas (aumento de la violencia institucional, drogas y reaparición de los comedores populares) son tres cuestiones vinculadas por el aumento de la pobreza y el desempleo, y un Estado ausente en lo social que autonomiza a las fuerzas de seguridad para que, por una parte, repriman y, por otra, “hagan su negocio” a modo de compensación. Podría decirse que es una versión de la “pobreza cero”, la “lucha contra el narcotráfico”, la “unión de los argentinos” y, por qué no, de la “revolución de la alegría”. ¡Ah! Como dicen casi al unísono tanto Macri como sus colaboradores... “estamos mal... pero vamos bien”.