El ministro de Justicia y Derechos Humanos admitió haber mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, Cecilia Pando, en la que ésta le pidió que el Gobierno intervenga en la situación de los detenidos por violación a los derechos humanos, tal como lo reveló Página/12 en su edición de hoy.

El funcionario dijo que su respuesta fue que ese reclamo se debía hacer "en la Justicia" porque su cartera "no tiene facultad para intervenir en procesos judiciales como prisiones preventivas o problemas de salud" de los detenidos.

En diálogo con la agencia oficial Télam, Garavano agregó que, para la gestión de Mauricio Macri, "las políticas de derechos humanos son políticas de Estado" y "tienen que ver con la democracia y su fortalecimiento", pero también con igualdad de criterio hacia a los familiares víctimas de secuestros, torturas y desapariciones, y a los allegados de quienes cometieron esos delitos de lesa humanidad. Desde su ministerio, dijo, "no se fomentará situaciones de división o conflicto" porque el Gobierno "se maneja con prudencia y equilibrio".

Añadió que su misión es "recibir a todo el mundo" y dijo que su gestión sigue "una línea de trabajo que, con matices, viene desde el gobierno de Raúl Alfonsín" y sostuvo que también "seguimos con muchas políticas del gobierno anterior, aunque a lo mejor se han dejado de lado algunos actores que eran funcionarios políticos".