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El lunes 25 de abril, el titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, se reunió con Cecilia Pando, fervorosa defensora del terrorismo de Estado y un símbolo de las posturas más ultras entre quienes consideran a los represores “presos políticos” y a los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza. El encuentro se hizo en la sede de la calle Sarmiento del Ministerio de Justicia, pero no trascendió. Ante una consulta de este diario, la propia Cecilia Pando confirmó que tuvo carácter de “privado” y no iba a dar a conocerse. “Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente!”. Recién cuando Página/12 consultó al Ministerio de Justicia por ese encuentro, voceros del ministro admitieron que se realizó.

Hace tres meses, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se reunió, en el predio de la ex ESMA, con integrantes del Celtyv (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), una asociación que defiende a los perpetradores del terrorismo de Estado. El encuentro fue repudiado de modo unánime por los organismos de derechos humanos que pidieron en un documento público que estos encuentros no pueden ocurrir jamás en espacios de construcción de memoria colectiva. El tema quedó incluido en un documento que entregaron más tarde, primero al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y luego al presidente Mauricio Macri. El nuevo encuentro con quienes claman por el fin de los juicios a los militares no se hizo, esta vez, en el predio de la ex ESMA. Pero quienes participaron guardaron un sigilo culposo. No fue comunicado a los medios de prensa. Y recién fue admitido cuando este diario lo consultó.

Pando integra una asociación llamada de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina que consideran que los represores que se hayan sujetos a los distintos procesos de Justicia con todas las garantías de la ley, son “presos políticos”. El domingo pasado este diario llamó a su casa y ella se sorprendió ante la consulta, evidentemente convencida de que no iba a saberse.

–Queremos confirmar un encuentro suyo con Germán Garavano y Claudio Avruj en el Ministerio de Justicia –explicó este diario a Pando.

–Sí. Pero te explico que fue una reunión privada. Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente! –contestó la mujer.

Pando aseguró que la reunión tuvo un carácter “humanitario”. “Nuestra preocupación es el tema de las irregularidades en cuanto a los juicios a los militares”, señaló. Enumeró los reclamos que llevaron ante los representantes del gobierno, que son los mismos que enarbolaban frente al palacio de Tribunales. En la lista, incluyó la prolongación de situaciones de prisiones preventivas y la “cantidad de muertos” en las cárceles. Con un discurso más aggiornado que cuando insultaba jueces a los gritos después de una condena a represores, le hacía el gesto de degüello al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y decía que estaba orgullosa de defender a quienes se habían apropiado hijos de desaparecidos, explicó que los militares detenidos en cárceles comunes se hayan en “condiciones inhumanas de detención”. Por esas características, reclama al Estado por la figura de “abandono de persona”. “Nosotros le manifestábamos nada más que esto”, dijo ella.

Cuando este diario le preguntó por una versión según la cual ellos están pidiendo un lugar en la ex ESMA, lo negó: “Nada que ver –dijo–. Eso no es así.” Explicó que desde el Gobierno le dijeron que debían hacer los pedidos a los tribunales, pero que los representantes del Estado manifestaron que “sí, que el tema tiene que tener una solución”.

Este diario volvió a llamarla ayer para consultarle sobre detalles de la reunión, entre otras cosas, si estaba segura de que Avruj había participado, ya que sus voceros lo habían negado con énfasis. Pando se corrigió y dijo que el secretario no participó. También negó que estén recorriendo los ministerios para pedir un pronunciamiento del Ejecutivo en contra de los juicios, otra de las versiones que circulaban.

Los rumores sobre la realización de ese encuentro comenzaron a correr apenas se hizo. Hubo muchos actores involucrados. Desde las personas de la mesa de entrada, el protocolo y ceremonial del ministerio y los trabajadores. Facundo Di Filippo ex legislador porteño y dirigente del Partido Social fue uno de los primeros en saberlo. “Me preocupó la hipótesis que había surgido sobre una posible sesión del predio de la ex ESMA a ellos, eso me parece terrorífico. Pero espantada esa posibilidad, esto me hace reflexionar sobre la apertura que esta teniendo el gobierno nacional a sectores con ese nivel de conservadurismo y tan reaccionarios. Y me preocupa altamente el desfinanciamiento de las tareas del personal y la posiciones laxas en materia de preservación de memoria y que a su vez se den en un marco de amplitud con Cecilia Pando y personas que generan serias dudas porque siguen sosteniendo posturas contra lo que se consiguió después de muchos años de pelea en el último plazo de un gobierno nacional”.

La misma preocupación sostiene Pablo Llonto, querellante de las causas de lesa humanidad. “Creo que esto merece nuestro mayor repudio porque es una vergüenza que el ministro de Justicia reciba a un símbolo de la defensa del terrorismo de Estado y del genocidio, a una provocadora, que se ha expresado en contra de los organismos de derechos humanos y además a alguien que no fue a hablar por un familiar sino en nombre de un organismo o una asociación que reivindica el terrorismo de Estado. Si cambiáramos de escenario y por un momento nos fuéramos a Alemania, es como si allí viésemos que algunas de las instituciones dedicadas a las políticas del Nunca Más, a la lucha contra lo que fue el Holocausto, empezaran a recibir a los representantes de los nazis”.

Uno de los puntos en debate es el rol de las agencias del Estado en su relación con perpetradores y sus familiares. Luis Alén fue subsecretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo y asegura que él mismo recibió un pedido de entrevista de Pando y que dieron lugar al encuentro pero, a diferencia de lo que sucedió ahora, no le dieron el carácter de privado sino que lo dieron a conocer. “La Secretaría es un órgano del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, sus competencias están en el decreto de estructura explica ante la consulta de este diario. En la estructura que teníamos nosotros no estaba prevista la atención a familiares de represores. Nosotros atendíamos a víctimas: esa es la obligación del Estado. Imposible considerar como víctima al familiar de un represor, por lo tanto si necesita asistencia tendrá que recurrir a su obra social, medicina prepaga o lo que sea como cualquier persona”.

Llonto también explica que los represores tienen “derecho y cualquiera tiene derecho a quejarse o peticionar sobre las cuestiones de cada detenido, pero eso tienen que hacerlo ante la Justicia”. Y señala que “esto es una petición sectorial de un grupo de condenados. Es como si un grupo de condenados por violación forman una asociación de familiares de condenados por violación y dicen que son presos políticos. Y acá el Estado está demostrando que lentamente lo que dice por un lado, lo borra por el otro. Avruj dice que no está de acuerdo con la teoría de los dos demonios, pero su postura se va confirmando mes a mes con cada paso. Primero recibió a los familiares en enero. Ahora la secretaría de Derechos Humanos está respondiendo notas a los represores en vez de ponerle un sello y poner que sean presentadas en los Juzgados. Hacen hasta dictámenes y muchas están esperando una resolución como si hubiese algo para pensar en todo esto. La secretaría que no se abrió para esto, va a terminar teniendo una ventanilla a la izquierda para las víctimas y una a la derecha para los perpetradores del genocidio y esto va a llevar al ridículo una cuestión tan seria como la política argentina en esta materia que fue el primer país que implementó un espacio como este para la defensa de las víctimas”.