Deseo agradecer la convocatoria a expresar mi opinión con motivo del proyecto de reformas a la ley que regula la existencia y actividad del Ministerio Público Fiscal. Pero quiero ser sincero con el señor presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, y sus colegas presentes -palabra hoy de moda en problemas de índole económica-, actitud que yo traduzco como carente de hipocresía en la materia objeto de la comisión que preside y que se emplea con otro significado en materia económico-social. En verdad, mi primer impuso fue el de no cumplir con su invitación, pues considero hipócrita el proyecto propuesto por el PEN y así lo he expresado ya públicamente, por escrito, de modo que era totalmente sustituible su invitación por la lectura de esas publicaciones. Efectivamente, en tres oportunidades me he pronunciado sobre esta intención del PEN en Página/12 y en una de ellas específicamente sobre este proyecto. Sin embargo, pudo más mi propia calificación como ciudadano de esta República -aquella que defendimos con su padre y su tío, señor presidente, si no me confundo, cuando fuimos estudiantes de la Universidad cordobesa-, una de cuyas obligaciones me impuso concurrir a la gentil invitación.

Quiero ser doblemente sincero: mi resistencia a concurrir se debió a aquello que yo considero como burla al sistema representativo de una república: el hecho de que los diputados puedan, personalmente, cambiar la posición en la que los colocó la ciudadanía con su voto en los comicios como si las bancas significaran la elección en un empleo estatal que ahora les pertenece antes bien que pertenecerle al partido político al que, según la boleta electoral, respondió su postulación. Así se ha logrado, a mi juicio, trasformar a quien resultó minoría en los comicios parlamentarios en mayoría que aprueba toda iniciativa legislativa del PEN, en ocasiones cambiando una coma de lugar para justificar su apoyo. Para quien uno de los pecados capitales es la traición, la convocatoria significa un problema sin solución. Por supuesto, sin ignorar el delgado hilo que separa una interpretación de otra del principio representativo frente al caso concreto, el juicio es más severo cuando se sospecha que el apoyo se funda en una ventaja que concede aquél en minoría cuyo proyecto es aprobado. Me resulta así imposible de comprender, por ejemplo, cómo dos de las personas que fueron dirigentes de la trasformación del sistema jubilatorio de impronta individual a sistema solidario de reparto impuesto por el gobierno anterior propongan hoy la desactivación por desfinanciación de ese sistema, más allá de las comas que pudieron agregar al proyecto originario. ¡Ojalá me equivoque!

Estimo que el proyecto sobre el MPF tiene escasos ribetes técnicos que discutir, poco importantes en general. En cambio, los juicios políticos sobre su razón general de ser y las más sobresalientes de las normas propuestas sí son importantes: muestran que el proyecto procura indudablemente una única solución política: desprenderse de una persona, la Procuradora General de la Nación, a la que se refiere en múltiples normas –raramente no se refiere a la otra cabeza del MP, la Defensora General–, mediante el recorte extremo de sus facultades en varios sentidos; proceder y juicio que, por lo demás, han confesado múltiplemente tanto el ministro de Justicia como el Presidente de la Nación al presionar para que ella resigne su cargo voluntariamente -cargo concebido por la ley de su nombramiento con estabilidad temporal- y poder designar en él, seguramente, un funcionario propio. No deseo molestar más de la cuenta a la comisión. Mi juicio sobre el proyecto ya fue anticipado públicamente (Página/12, 19/4/2016), realidad que, según creo, torna a mi presencia en la comisión inconducente, invitación que, sin embargo, agradezco.

* Presentación ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.