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El plan de urbanización de villas y asentamientos prevé para este año obras por 1640 millones de pesos, pero pasados seis meses de gobierno solo se ejecutaron el 14 por ciento de las partidas. Al programa de salud sexual y reproductiva le fue peor: el Ministerio de Salud solo utilizó el 0,96 por ciento del presupuesto que autorizó el Congreso para la distribución de anticonceptivos y charlas informativas, 1 millón 540 mil pesos sobre 163 millones previstos. Para la promoción y defensa de los derechos humanos, que incluye la participación del Estado como querellante en causas de lesa humanidad, el Ministerio de Justicia empleó el 14,1 por ciento de los recursos establecidos en el presupuesto de 2016, mientras esa cartera mantiene en cero las transferencias a la Universidad Madres de Plaza de Mayo para el financiamiento de sus actividades. Al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le corresponden más de 160 millones de pesos, pero solo le llegaron 28 millones, el 17 por ciento de su gasto anual. Los datos son oficiales. Aparecen en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con una última actualización el 19 de junio. Reflejan a más de medio año del inicio de tareas de Cambiemos una combinación de medidas de ajuste, que alcanzan a la mayor parte del Estado, con un sesgo ideológico conservador en la orientación del gasto público. También denuncian extendidas falencias de gestión que terminan vulnerando derechos sociales sensibles. El único rubro donde las cosas están bien aceitadas, con una ejecución presupuestaria muy por arriba del promedio, es el pago de la deuda pública, con una utilización del 78,9 por ciento de las partidas anotadas en el presupuesto, unos 82 mil millones de pesos sobre los 104 mil millones a saldar.

El análisis de la ejecución del presupuesto permite advertir las prioridades del Gobierno. Tiene a su disposición partidas específicas para atender las más diversas necesidades sociales, regionales, de infraestructura y económicas, y el modo en que se van utilizando esos recursos perfila su modelo de gestión. El presupuesto de este año fue elaborado por el kirchnerismo, pero el cambio de signo político al frente del Poder Ejecutivo lo va transformando día a día. El macrismo empleó hasta el 19 de junio el 43,11 por ciento de las partidas totales. El número podría ser aceptable si los gastos anuales se ajustaran a la pauta que determinó el Congreso en septiembre del año pasado, cuando aprobó la ley. Sin embargo, como ocurrió a lo largo de la década pasada, este año también se ampliarán las partidas a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para cubrir gastos mayores a los autorizados por el Parlamento. De hecho, el Poder Ejecutivo dictó esta semana un DNU para otorgarle 76 mil millones de pesos adicionales a la Anses para el pago de jubilaciones. Esa trayectoria continuará en el segundo semestre, por lo cual el ritmo de ejecución de gastos es, en la práctica, menor al 43,11 por ciento que indica la comparación inicial entre lo presupuestado y lo ejecutado. Menos gasto equivale a más derechos que el Estado deja de atender. También tiene un impacto económico, por la disminución de actividades que genera el achicamiento del sector público.

Por debajo del 43,11 por ciento de gasto promedio se ubican, entre muchos otros, los ejemplos citados al comienzo: para la urbanización de barrios carenciados se utilizaron apenas el 14 por ciento de las partidas, para educación sexual y prevención de enfermedades se gastaron el 0,96 de los recursos asignados, para derechos humanos, entre 14,1 y 0, y para la protección de comunidades indígenas, el 17 por ciento. En términos cuantitativos, sin embargo, la mayor incidencia del ajuste de Cambiemos se aprecia en la virtual paralización de la obra pública. Esa decisión tiene una fuerte repercusión social y sobre la actividad de la construcción, rubro que lidera el ranking con más desocupados en lo que va del año. Por ejemplo, la mayor partida que administra la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda es para el programa “Desarrollo de infraestructura habitacional ‘Techo digno’”, por 12.484 millones de pesos, de los cuales se llevan ejecutados solo el 22,2 por ciento, 2766 millones. Otro programa esencial de mejoras habitacionales son las llamadas “Obras de arquitectura”, con 1820 millones para gastar y solo 112 millones aplicados en el primer semestre, un magro 6,4 por ciento. Para el plan de recursos hídricos hay 1670 millones y se utilizaron 169 millones, el 10,2 por ciento. Para las “acciones de provisión de tierras para el hábitat social” se presupuestaron 1725 millones y se gastaron 96 millones, el 5,6 por ciento. Para el “fortalecimiento comunitario del hábitat” se prevén 2608 millones y se ejecutaron 102 millones, el 3,9 por ciento. En resumen, la cartera a cargo de Rogelio Frigerio solo aplicó en la primera mitad del año el 17,8 por ciento de su presupuesto anual.

En términos agregados, el Gobierno hizo uso del 45,2 por ciento del presupuesto de 2016 para gastos corrientes y apenas del 26,7 por ciento para gastos de capital. La justificación de las autoridades es que decidieron frenar obras para revisar los contratos del kirchnerismo. Sin embargo, un repaso por la ejecución de gastos de los distintos ministerios revela la existencia de un plan de ajuste general, debilidades de gestión y desinterés por el resguardo de derechos sociales.

La segunda partida en importancia del Ministerio de Trabajo es para planes de capacitación laboral, con 2270 millones de pesos de presupuesto, pero en seis meses se desembolsaron nada más que 191 millones, el 8,9 por ciento. En un año con fuertes tensiones y miles de despidos, la cartera laboral asignó apenas el 27,4 por ciento de los recursos totales a disposición. La pregunta es qué estará esperando para apurar el trámite. Aun así, el Ministerio de Producción exhibe peores resultados, ya que solo llegó a ejecutar el 16,3 por ciento de su presupuesto general. De los 2575 millones de pesos aprobados para financiamiento de actividades productivas no utilizó un solo peso. Las pymes atraviesan su peor semestre en más de una década y la cartera que conduce Francisco Cabrera todavía no arrancó. El Ministerio de Seguridad, a su vez, se ubicó más abajo: gastó apenas el 15,3 por ciento del presupuesto votado para 2016. Para políticas de seguridad interior tiene previstos 100 millones de pesos, con una ejecución de cero. Para equipamiento y tareas de logística en seguridad dispone de 747 millones, de los cuales utilizó 104 millones, el 13,9 por ciento. El Ministerio de Cultura no está mucho mejor, aunque llegó al 23,2 por ciento de aplicación del presupuesto. Como en el resto de los ministerios, la mayor parte de sus gastos se orienta al pago de salarios, en tanto que los programas específicos registran bajos niveles de instrumentación. No llegan al 10 por ciento los diseñados para el acceso igualitario a los derechos culturales, la consolidación cultural de políticas territoriales y el fomento de la cultura popular. El único ministerio con niveles razonables de ejecución es el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que llega al 49,7 por ciento y en sus principales programas se ubica entre el 40 y el 68 por ciento. La continuidad de la gestión de Lino Barañao marca diferencias con el resto de sus nuevos colegas de gabinete. También la Agencia Federal de Inteligencia se muestra más eficiente para gastar, con 511 millones desembolsados, el 35,8 por ciento del total.

En apenas seis meses el Gobierno resolvió la quita de retenciones, el acuerdo con los fondos buitre, el aumento de tarifas de servicios públicos, la apertura del “cepo” cambiario e impulsó un generoso blanqueo de capitales, una reforma impositiva que disminuye los impuestos al patrimonio y el pago de juicios y actualización de haberes a un tercio de los jubilados. Esas fueron sus prioridades. En materia de gasto, una de cuyas funciones primordiales es atender a quienes más lo necesitan, Cambiemos sigue mirando para otro lado.