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Aunque para algunos parece que fue ayer el triunfo presidencial de Mauricio Macri, el oficialismo ya está empezando a trabajar en su estrategia de cara a las legislativas de 2017. En la Casa Rosada saben que allí se jugará buena parte de su suerte para la segunda mitad del mandato, e incluso, las chances de pelear un segundo período en 2019. Pero a medida que se va acercando la fecha, los roces entre la UCR y el PRO se van profundizando. Lo que hasta ahora eran críticas internas de algunos dirigentes radicales, la semana pasada tomó por primera vez estado público y se convirtió en un asunto institucional. El presidente del Comité Nacional, José Corral, recogió los reclamos de sus correligionarios y en medio de la cumbre radical de Tucumán le advirtió al macrismo que no aceptarán que defina de manera unilateral la realización de acuerdos electorales con gobernadores del PJ o la incorporación de dirigentes a la alianza Cambiemos. Esas diferencias se notaron en los últimos días con las críticas que hicieron algunos radicales respecto a los festejos del Bicentenario y al aumento de tarifas.

La alerta radical se había encendido hace dos semanas, tras las declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en Córdoba. El hombre encargado de las negociaciones con los gobernadores dejó la puerta abierta para un acuerdo con el peronismo no kirchnerista. “Todos debemos ser muy generosos y amplios en la conformación de la base de sustentación política que apoye esta transformación de la Argentina”, dijo Frigerio, tras encontrarse con Juan Schiaretti.

Las recorridas de Mauricio Macri por las distintas provincias, ya sea llevando sus reuniones de gabinete o en visitas oficiales, son el mejor ejemplo del malestar radical. En cada caso, Macri se saca la foto con el gobernador local, le agradece su compromiso con la gobernabilidad, comparte un acto donde se anuncian obras y se olvida de la dirigencia de la UCR, que en la mayoría de los casos viene luchando hace años para tratar de derrotar al PJ. Ese esquema se repite con Juan Manuel Urtubey en Salta, Domingo Peppo en Chaco, Mario Das Neves en Chubut, Sergio Uñac en San Juan, Sergio Casas en La Rioja, Lucía Corpacci en Catamarca, Juan Manzur en Tucumán, Rosana Bertone en Tierra del Fuego y Gerardo Zamora en Santiago del Estero (un radical K enfrentado a la UCR nacional), entre otros. Macri y Frigerio mantienen una buena relación con ellos producto de las necesidades para alcanzar los votos necesarios en el Congreso para aprobar las iniciativas del Ejecutivo.

El caso cordobés es paradigmático, Schiaretti compartió el viaje a Berlín del presidente con el objetivo de conseguir inversiones para su provincia. Lo mismo hizo el misionero Hugo Passalaqua, cuyo bloque de diputados se alejó recientemente del FpV. En todos esos distritos la UCR es la principal fuerza opositora. “Nosotros valoramos y somos defensores del diálogo institucional con gobernadores y intendentes. Pero eso no debe confundirse con el armado de un frente político electoral que sostenga al Gobierno. Habrá que conversar cómo ampliamos la base electoral pero lo que no puede pasar es que sea una decisión unilateral”, le aseguró a Página/12 uno de los hombres más importantes de la UCR. Para ejemplificar su postura, los radicales citan el caso tucumano. Allí el titular del Plan Belgrano, José Cano, llevó de compañero de fórmula a un peronista, Domingo Amaya, pero mantiene un enfrentamiento histórico con el gobernador Juan Manzur y su antecesor José Alperovich. “Manzur es nuestro límite”, sostienen en el Comité Nacional.

La colisión de intereses es clara: la UCR apuesta a encabezar las listas en varios distritos para posicionar a sus hombres cuando se de la pelea por la gobernación. En cambio, surgido como fenómeno típicamente metropolitano, el PRO no tiene un desarrollo territorial propio en la mayoría de esos distritos y, de tenerlo, no tiene compromisos fuertes con aquellos dirigentes. En Córdoba, tanto el ministro Oscar Aguad como Ramón Mestre quieren pelear la gobernación. En La Rioja, Formosa y Chubut, el ministro de Defensa, Julio Martínez, el de Agricultura, Ricardo Buryaile, y el secretario Mario Cimadevilla, respectivamente, tienen aspiraciones a desbancar al peronismo en 2019.

“Entendemos el argumento de hacer acuerdos para sostener la gobernabilidad, pero no podemos ser ingenuos. El peronismo en cuánto vea la oportunidad va a cambiar de posición. Y no tiene problema en hacerlo ahora mismo. ¿Acaso Das Neves no presentó un amparo contra el tarifazo?”, advierte un estratega radical y remata: “nosotros estamos haciendo duranbarbismo”, en referencia la postura del consultor ecuatoriano, Jaime Durán Barba, quien aconsejó en 2015 no hacer acuerdos con el PJ ni el massismo.

El ala más política del PRO, en cambio, teme que una derrota en los distritos gobernados por el peronismo sea leída como una desaprobación a la gestión nacional, debilitándolo en la segunda mitad del mandato. En la cabeza tienen un esquema similar al que hizo el macrismo en 2013 en la provincia de Buenos Aires, cuando realizó un acuerdo con Sergio Massa que les permitió colocar a tres diputados suyos en la lista del Frente Renovador y ahorrarse el costo político de una derrota a manos de las distintas variantes del peronismo.

La gestión

Además de la cuestión electoral, los radicales también están preocupados por el rumbo del gobierno. Más allá de que la mayoría adhiere en público al discurso sobre la “pesada herencia” y el “sinceramiento de la economía”, puertas adentro hay preocupación por el impacto social y la demora de las señales de recuperación. “Somos muchos los que estamos preocupados por los resultados de la gestión”, aseguró el diputado Miguel Bazze, mano derecha de Ricardo Alfonsín, quien en las últimas horas también salió a criticar la participación de Aldo Rico en las celebraciones oficiales del Bicentenario (ver página 8). Pero el caso más notable son los aumentos de tarifas, que golpean tanto a los hogares de sectores bajos y medios como a la pequeña y mediana empresa. “Compartimos que hay que poner equidad en el tema del gas. Estaba clarísimo que el cuadro tarifario anterior beneficiaba a los que ya están conectados a la red contra los que compran la garrafa, además de mantener una inequidad territorial y un atraso para la inversión en el sector. Pero sin sustentabilidad política y jurídica, la medida termina siendo ineficaz y el ahorro y la equidad no se consiguen”, señaló Corral.

Las falencias en esos temas, señalan los radicales más duros, tienen que ver con la falta de consulta y de interlocutores de peso en el Ejecutivo. Los dardos apuntan especialmente al ex senador Ernesto Sanz, que participa habitualmente en las reuniones de la mesa chica del Gobierno. “Si Sanz participa de las reuniones, no lo hace en nombre de la Unión Civica Radical. No ha logrado garantizar que el radicalismo tenga la posibilidad de hacer llegar su opinión sobre los distintos temas”, dispara un operador radical todo terreno. Esas críticas se remontan al 10 de diciembre, cuando Macri armó el gabinete. Le achacan a Sanz haber colocado a 150 hombres cercanos a él, sin abrir el juego a otros espacios del partido. Esa es la módica cifra que manejan el radicalismo, sobre un total de 5000 cargos. Es decir, apenas el 3 por ciento.