[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Werner Pertot El juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo ordenó al Ministerio de Educación porteño que no les solicite a los docentes “ninguna información vinculada con su intimidad” para acceder al correo institucional de Google desde el que reciben las notificaciones oficiales. Hizo lugar, de esta forma, a un amparo que había presentado el gremio docente UTE-Ctera.

El sindicato denunció que a los docentes, que debieron actualizar su contraseña en el mail institucional del ministerio, se les solicitó dar consentimiento para que se acceda a sus “listas de contactos, fotos y videos”, sin lo cual no se puede conservar el correo, el cual es necesario para mantenerse inscripto en el listado que permite acceder a puestos de trabajo.

UTE-Ctera presentó un amparo, que fue resuelto por Gallardo. El juez consideró que “resultaría muy difícil poder atribuir a la conducta estatal que se pretende neutralizar otra finalidad que la de invadir el terreno de la intimidad del conjunto afectado a efectos de contar con elementos de información que permitan determinar conductas de Gobierno”. “¿Qué finalidad podría tener si no acceder a todo ese conjunto de datos personales de los docentes? ¿Para qué se impondría a los docentes la carga de ‘abrir’ su información personal, como condición necesaria para acceder al único medio disponible para acceder a gestiones concursales y laborales con el GCBA?”, se preguntó el juez.

El magistrado recordó que existieron en el Ministerio de Educación “prácticas de ‘espionaje’ interno, inteligencia o arbitraria intromisión del Gobierno en la dinámica estudiantil o docente, que tuvieron en vilo a estudiantes y maestros”. La referencia parecía aludir al 0800 que se abrió en tiempos de Esteban Bullrich para denunciar la actividad política o a la presencia del espía Ciro James en el ministerio.

Gallardo advirtió que intentará develar las razones de esta “oscura conducta estatal” siempre que no se entorpezca la investigación. Indicó que las trabas del gobierno porteño vienen siendo regla “en los casos que considera riesgosos para su imagen o sus particulares proyectos políticos” e informó que ya lleva 767 recusaciones por parte de la gestión PRO.

Gallardo también dispuso la difusión de la medida en el Boletín Oficial porteño, en Canal 7 y en dos diarios de tirada nacional. También le informó del caso a la Defensoría del Pueblo porteña.

“Este amparo es un gran triunfo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de la ciudad porque le pone un freno al abuso de autoridad de un gobierno que lleva en su ADN la vocación por el espionaje”, afirmó el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López. En el gobierno porteño tienen previsto apelar la medida.