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Los militares no querían ordenar la ejecución de sus prisioneros para no hacerse cargo de los crímenes. Se barajaba la cifra de hasta 20 mil desaparecidos. Sabían que los cuerpos de las Madres y monjas francesas habían aparecido en la costa.

“Como nos dijo un hombre, él mismo miembro de una fuerza de seguridad, no hay ningún oficial argentino que quiera que su nombre quede registrado en una orden de ejecución de terroristas. Bajo el ‘sistema actual’ los militares son responsables como institución, pero el individuo está libre de responsabilidad”, dice un informe confidencial de la diplomacia norteamericana de septiembre de 1980 en el que se explicaba el método de la desaparición forzada utilizada por los represores argentinos durante el terrorismo de Estado. Es parte de los nuevos documentos desclasificados entregados por el vicepresidente de Estados Unidos, John Kerry, la semana pasada y difundidos el lunes. Muestra, entre otras cosas, que los norteamericanos manejaban muy buena y clasificada información y refuerza lo que ya es conocido y fue probado en distintos procesos judiciales: a través del ocultamiento de los cadáveres de las víctimas, los militares buscaban infundir terror a la vez que garantizarse impunidad.

Varias de las 1080 hojas liberadas por Estados Unidos dan cuenta de un debate en la administración de Jimmy Carter sobre el acercamiento a la Argentina. A diferencia de su antecesor y su predecesor, Gerald Ford y Ronald Reagan, que tuvieron buenos vínculos con las dictaduras latinoamericanas, Carter fue crítico y sus funcionarios denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. A partir de 1978, los norteamericanos advertían que la situación tenía menos gravedad (el “trabajo sucio” ya estaba hecho) y debatían qué posición adoptar hacia la dictadura. Así, según surge de los documentos, trataban de explicar por qué los militares aplicaban los métodos que usaban. “Les sirve. Es efectivo. Los prisioneros dan información bajo tortura y son un ejemplo atemorizante para que los montoneros no puedan reclutar nuevo personal”, señala un documento. “La desaparición es todavía un táctica standard para las fuerzas de seguridad argentinas para manejarse con terroristas capturados. El compromiso de los militares con este método está profundamente arraigado por elementos que van desde la efectividad hasta la eficiencia”, se afirma en otro.

Las 1080 hojas liberadas el lunes son casi todas registro de provenientes de las bibiotecas de los presidentes Jimmy Carter, Ronald W. Reagan y Geroge H.W. Bush. Estos documentos se suman a los 4677 que fueron desclasificados en 2002 a pedidos del CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. En esa oportunidad los papeles provenían en su mayor parte del Departamento de Estado. Los organismos habían reclamado ahora el acceso a información de agencias militares o de inteligencia, pero hasta el momento esa pretensión no fue satisfecha.

Los papeles no parecen tener grandes revelaciones, pero en algunos casos un documento oficial puede servir para reforzar pruebas de hechos ventilados en un juicio. Además, son fuente para reconstruir circunstancias históricas, aunque los que se hicieron públicos ahora no parecen aportar mucho sobre la ayuda que Estados Unidos dio a los dictadores latinoamericanos para que llegaran al poder.

Luego del exabrupto del ex ministro de Cultura porteño y actual director del Teatro Colón Darío Lopérfido, que señaló que el número de 30 mil desaparecidos “se negoció en una mesa para cobrar subsidios”, los documentos reflejan que incluso durante la dictadura el número de víctimas que se manejaba llegaban hasta los 20 mil. “Miles (en un rango estimativo entre tres mil y 20 mil) fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad. Estos casos, conocidos como desaparecidos, incluye un amplio rango de personas: líderes sindicales, trabajadores, sacerdotes, abogados de derechos humanos, científicos, doctores y líderes de partidos políticos”, señala un memorándum del Departamento de Estado de principios de 1979.

La información confidencial y de primera mano que manejaban los funcionarios norteamericanos también queda en evidencia en un documento de principios de 1978: “Un incidente particularmente shockeante, ocurrido el pasado diciembre, fue el secuestro de por personal no identificado de trece miembros de Madres de Plaza de Mayo, un grupo que presiona al gobierno para obtener información sobre casos de desaparecidos. De acuerdo a los reportes, siete cuerpos de ese grupo incluidas dos monjas francesas fueron posteriormente arrojadas a la costa”. El hecho de que las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo llegaron a la costa luego de ser arrojadas desde los “vuelos de la muerte” se supo casi treinta años después. En la desclasificación de 2002, se conoció un cable del embajador norteamericano Raúl Castro en el que informaba que una fuente confidencial del hallazgo de siete cadáveres en la costa atlántica y que podrían ser los de las Madres de Plaza de Mayo. En estos nuevos documentos, se reiteran esos datos en un informe.

En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a las Madres Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce Bianco y Azucena Villaflor y la religiosa francesa Leonié Duquet. Estaban enterradas con NN en el cementerio de General Lavalle y habían sido llevadas allí luego de que sus cuerpos fueran encontrados en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre diciembre de 1977 y enero de 1978. Llegaron allí de forma fortuita; entre tantos cuerpos arrojados al mar, ellas fueron devueltas a tierra firme a causa de una sudestada. Sus restos estuvieron ocultos en tumbas sin nombre por casi treinta años. Pero fuentes confidenciales informaron a funcionarios norteamericanos de este hecho con bastante precisión.