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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una moción para acelerar y someter a votación la enmienda constitucional que congela por 20 años el gasto público, el proyecto clave del ajuste que propone el gobierno de Michel Temer.

Por 255 votos contra 9, la cámara baja aprobó darle luz verde al proceso para reformar la constitución de 1988, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) considerara que el tratamiento de la enmienda no es anticonstitucional, contra lo que habían pedido de los opositores Partido de los Trabajadores (PT) y Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

La enmienda es el gran proyecto del gobierno de Temer y su ministro de Economía, Henrique Meirelles, para lo cual el mandatario que asumió tras la destitución de Dilma Rousseff mantuvo en la noche del domingo una cena de gala con 200 diputados y sus familias en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

Antes del inicio de la sesión, Temer dijo a Radio Estadao que "no existe Plan B" para luchar contra el déficit fiscal, al afirmar que la otra opción sería aplicar la tributación a las actividades financieras, como intentaba Rousseff, pero resistida por los principales conglomerados industriales.

La enmienda constitucional necesita de tres quintos de los votos y luego ser sometida a cinco sesiones en la cámara baja para discusiones y una nueva votación, tras lo cual será elevada al Senado.

El presidente de Diputados, Rodrigo Maia, del conservador Demócratas y aliado de Temer, confía en poder votar cuanto antes la reforma que se ha transformado en un gran tema nacional debido a la polémica generada porque también se congelan -y apenas se corrigen por la inflación del año anterior- las partidas para salud y educación. "Esta enmienda será la desgracia de Brasil, escuelas y hospitales tendrán menos dinero por 20 años", dijo en su discurso Ze Geraldo, del PT, durante la sesión.

La reforma tiene el apoyo de cinco partidos, entre ellos el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer y su principal socio en el gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que sostienen que la medida apunta a reducir el déficit fiscal. También cuenta con el obvio respaldo de la clase empresarial y del FMI.