El juez federal Ariel Lijo comenzó hoy el juicio oral y público de extradición a seis jóvenes paraguayos, que están acusados por una Cámara Penal del país vecino de presunta intervención en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau.

Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales argentinos consideran que los presos, que integraban una organizacòn campesina combativa, "sufren una doble injusticia: por un lado, son acusados de un terrible delito que no cometieron; por el otro, el gobierno argentino elude su responsabilidad con los hombres injustamente perseguidos".

La mayoría de los requeridos a través de un exhorto de extradición cursado por el Gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos son campesinos del interior del país vecino, se expresan en guaraní y no hablan correctamente el castellano.

Las audiencias se llevan a cabo en la sede judicial de la avenida Comodoro Py 2002 y se prevé que los imputados presten declaración, así como que pasen frente al estrado varios testigos, entre ellos los periodistas Stella Calloni y Carlos Aznárez, con la intervención del fiscal Carlos Cearras y los abogados defensores Eduardo Soares y Liliana Mazea.

La defensa planteó la recusación del juez Lijo con el argumento de que previamente denegó la presentación de unos 40 testigos -entre ellos dos obispos paraguayos- y en consecuencia, según opinó, "existe una abierta parcialidad por parte de su señoría".

Luego de ello el juez ordenó un cuarto intermedio para resolver esa cuestión y otras preliminares planteadas por la defensa.

En el banquillo de los acusados comparecen los jóvenes paraguayos Arístides Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lescano Espínola, que están detenidos en el penal de Marcos Paz.

Todos ellos en Paraguay militaban en el partido político opositor "Patria Libre" -cuyos dos máximos dirigentes sufrieron torturas y se exiliaron en Brasil- y fueron acusados por el Gobierno guaraní de presunta participación en el crimen de Cecilia Cubas.

La joven fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004 en Asunción de Paraguay y luego su familia pagó 300 mil dólares de rescate, pero nunca fue liberada y finalmente la policía encontró su cadáver enterrado en una casa particular.

Las autoridades culparon del crimen a "Patria Libre" y los seis hombres de nacionalidad paraguaya fueron investigados por el juez Pedro Mayor Mercado que finalmente los sobreseyó, pero más tarde la Sala III de la Cámara en lo Penal los imputó nuevamente.

Ellos pidieron refugio en la embajada de Argentina, pero el embajador les sugirió que cruzaran la frontera por Formosa y solicitaran asilo político en Comité de Elegibilidad para Refugiados (CEPARE), dependiente del ministerio del Interior, donde dos de ellos, el 2 de mayo último, fueron detenidos y enviados a la cárcel.

Posteriormente, el CEPARE rechazó las solicitudes de asilo y desde Paraguay llegaron los oficios al juez Lijo con las fundamentaciones del pedido de arresto preventivo, y el exhorto de extradición recibió curso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El equipo de solidaridad de Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), organismo de DDHH que lleva adelante la defensa de los seis presos paraguayos, elaboró un documento que enumera las graves violaciones de los derechos de los detenidos y señalan el proceso como una criminalización encubierta de la protesta social y campesina.

Fuentes: DYN, AnRed.