Mediante una presentación efectuada ante el juez federal Ariel Lijo, a la que tuvo acceso, los familiares de Ricardo Cittadini reclamaron al magistrado que exiga que "la Dirección llamada de 'Inteligencia' de la Policía Federal proceda a entregar toda la documentación relacionada a lo que tristemente se llamó 'lucha o guerra contra la subversión'" obrante en sus archivos.

También solicitaron que -tras el decreto que relevó de guardar secreto militar a quienes hayan integrado fuerzas armadas o de seguridad- se cite a prestar declaración testimonial a "todo el personal" que se desempeñaba en la comisaría 28 en agosto de 1976 y meses posteriores.

En el escrito, que cuenta con el patrocinio del periodista y abogado Pablo Llonto, se señala que el objetivo es que esos efectivos "relaten todo cuanto sepan de lo ocurrido con la detención de Cittadini y lo sucedido en los días posteriores o aporten cualquier dato de interés a la causa sobre lo que hayan visto o escuchado acerca del joven".

Los familiares recordaron que Cittadini nació en Santa Cruz, estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, militaba en la Juventud Universitaria Peronista, fue secuestrado el 17 de agosto en la zona de Plaza España, en el barrio porteño de Barracas, y conducido a la seccional 28, donde fue "torturado y desconociéndose luego su paradero".

La apertura de los archivos, dijeron, es para establecer "quién o quienes determinaron el destino de Cittadini con posterioridad a su tortura en la comisaría", el lugar donde "fue trasladado en la madrugada del 18 de agosto de 1976" y cuáles eran "las instrucciones que tenían las comisarías respecto del destino de los detenidos-desaparecidos que llegaban".

Quieren saber, además, "cuál era el centro de detención clandestino al que eran conducidos los jóvenes detenidos por la Policía Federal en agosto de 1976" y qué "archivos de inteligencia y seguimiento de personas" había en esa época, así como "quiénes fueron los encargados de averiguar la actividad" de Cittadini.

"Cuáles eran las instrucciones sobre torturas a jóvenes detenidos en comisarías y quiénes eran los responsables de llevar adelante esa tarea", es otro de los punto que se reclama al igual que los legajos de todos los integrantes de esa comisaría "a los efectos de consultar si alguno de los nombrados fue ascendido, premiado o simplemente se hace mención de su actividad referida al caso Cittadini".

El letrado basó su pedido de declaración de todos los policías de la comisaría 28a. en los fundamentos del decreto 44 que releva de la obligación de guardar secreto en los casos que puedan conducir a "la obtención de elementos de interés en el marco de las causas judiciales por las graves violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar".

Llonto solicitó la medida para que "no existan más dificultades en el accionar de la justicia y, en este caso, se pueda llegar pronto a buen puerto para que la familia Cittadini pueda saber el destino de su hijo y los nombres y apellidos de los responsables de los delitos cometidos y los mismos sean condenados".

Finalmente, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que "en casos de violaciones a los derechos humanos, cuando los órganos judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables, el ampararse en el secreto de Estado puede ser considerado como un intento de perpetuar la impunidad".

Fuente: Télam