La decisión fue tomada por el juez federal Guillermo Montenegro, que puso fin así a gran parte de una pesquisa abierta once años atrás por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, aunque seguirá con la investigación de otros casos denunciados posteriormente.

Según la resolución de 99 carillas, los juzgados por "sustracción, retención y ocultación de menores y sustitución de identidad" -delitos de lesa humanidad- serán el último ex presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone y sus dos pares en la última Junta Militar, Cristino Nicolaides y Rubén Franco.

También se sentarán en el banquillo de los acusados los represores Jorge "Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Antonio Vañek y Héctor Febres, todos con procesamientos confirmados por la "práctica sistemática de sustracción de menores" que se dio en distintos centros clandestinos de detención.

"Los sucesos forman parte de una maniobra criminal cuidadosamente diseñada y en virtud de la cual aún se encuentran desaparecidas, al menos, alrededor de doscientas personas", sostuvo Montenegro.

Procesados con prisión preventiva desde 1999, Bignone, Nicolaides y Franco serán juzgados por "todos y cada uno de los casos de sustracción, ocultación y retención de menores" a raíz de haber suscripto la ley 22924 y el denominado "Documento Final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo".

Estos documentos otorgaron "garantía de impunidad", sostuvo el juez y los acusados, como miembros de la última junta militar, declararon "la muerte de todos los desaparecidos, entre quienes se encuentran los menores" robados a sus madres secuestradas ilegalmente.

A Nicolaides se lo acusa, además, de haber ordenado destruir toda la documentación de la "lucha contra la subversión", incluida la referida a los bebés nacidos en cautiverio.

"Se pretendió revestir de legalidad todo el accionar desplegado por las Fuerzas Armadas durante el Proceso de Reorganización Nacional, justificando y proporcionando la llamada garantía de impunidad inherente a la esencia de la práctica criminal", añadió la resolución.

Al dar por concluida la pesquisa que investigó primero el ex juez federal Adolfo Bagnasco, Montenegro dio por probado que las maternidades clandestinas funcionaron en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, en Campo de Mayo y en otros centros clandestinos como Vesubio, Automotores Orletti y "La Cacha".

"La condición de maternidad clandestina que ostentaba el Casino de oficiales de la ESMA, no sólo era conocida entre los miembros de la Armada sino también por los integrantes de las restantes fuerzas castrenses y de seguridad", se apuntó en la elevación a juicio sobre el centro de la Armada.

En cuanto a la guarnición militar de Campo de Mayo, dependiente del Ejército, se dio por probado el "ingreso y egreso de mujeres embarazadas con el objeto de dar a luz en el hospital, ubicado en el interior de las instalaciones militares", sin que se llevara registro alguno.

El juez se basó en una veintena de hechos probados que "traen a la luz de un modo acabado la interrelación" que hubo "entre las distintas fuerzas represivas".

En el juicio oral que será adjudicado por sorteo a un tribunal federal, se acusará a los represores por una veintena de casos como los de María del Carmen Moyano de Poblete, Liliana Fontana, María Perez de Donda, Laura Estela Carloto, Mariana Zaffaroni Islas y Alicia Alfonsín de Cabandié.