Los enfrentamientos habrían ocurrido en el norte del departamento de Nariño, ubicado al sur del país, señaló Peñate, saliente director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto).

"Nosotros hoy tenemos certeza a raíz de una serie de informaciones que vienen de fuentes independientes humanas y técnicas de que los diputados fueron asesinados por orden del jefe del frente 60 de las FARC alias El Grillo", afirmó Peñate en rueda de prensa.

La muerte de los once diputados regionales fue, según Peñate, el "resultado de enfrentamientos entre 16 terroristas del frente 60 con una estructura mayor del frente 29 que tenía la orden de ir a apoyarlos".

El ejército reportó el 15 de junio, tres días antes de la presunta fecha de muerte de los políticos, la muerte en combate del jefe guerrillero Milton Sierra, alias JJ, el presunto organizador del secuestro y principal custodio de los diputados durante los cinco años de cautiverio.

Peñate también afirmó "en los últimos días estos frentes de las FARC han hecho un enorme esfuerzo por llevar los cuerpos desde el norte de Nariño hacia el norte del departamento del Cauca".

Según Peñate la información procede de "fuentes humanas propias con acceso al área, testimonios de desmovilizados (guerrilleros que se han entregado al gobierno) de ambas estructuras de las FARC y monitoreo de comunicaciones radiales que recogen la misma información".

Según las FARC, la muerte de los once diputados, secuestrados por esa organización en 2002, ocurrió el 18 de junio pasado en acciones de "fuego cruzado" entre guerrilleros que los custodiaban y un "grupo militar sin identificar".

En un comunicado posterior, las FARC dijeron: "Continuaremos investigando que fuerza llevó a cabo el ataque", y en otro hablaron de "tropas oficiales y paraestatales".

Al respecto Peñate dijo que para esa fecha "no había fuerzas de la República en esa área, había una operación militar combinada con policía en una zona mucha más distante, en acciones ordinarias de control territorial y de rastreo".

Las FARC, según la versión del gobierno, buscarían llevar los cadáveres a las inmediaciones de los municipios de Pradera y Florida, que esa guerrilla ha pedido sean despejados para hablar con el gobierno de un intercambio entre guerrilleros presos y 45 rehenes en su poder.

Peñate, dijo que con el traslado de los cadáveres las FARC tendría "un interés de engañar a la opinión pública y a la comunidad internacional inventándose la historia de que esto sería el resultado de una operación comando de mercenarios internacionales".

"Eso es totalmente falso", dijo Peñate, así como la versión de ese grupo guerrillero de que esos mercenarios actuaban "bajo el mando directo de (el presidente) Alvaro Uribe".

Fabiola Perdomo, vocera de los parientes de los políticos muertos, dijo hoy que "es muy triste que mientras hoy existen dos versiones sobre lo que ocurrió con la muerte de nuestros familiares, ni siquiera nosotros podamos tenerlos y darles el últimos adiós".