Lunes, 31 de agosto de 2009 | Hoy
El diputado radical electo Ricardo Gil Lavedra consideró que el Gobierno no lanzó el proyecto de ley de Radiodifusión "para defender la libertad de expresión", sino para "controlar a los medios" y para "generar confrontación con el grupo Clarín".
Anticipó que probablemente los legisladores del Acuerdo Cívico y Social decidirán que si el proyecto no se trata en conjunto con otras normas que consideró "clave" para la libertad de expresión, como las de "acceso a la información y la regulación de la publicidad oficial", no darán quórum cuando llegue el debate.
Gil Lavedra, en diálogo con radio Continental, afirmó que el proyecto contiene la posibilidad de dar al poder "los resortes que le permitirán tratar de controlar los medios".
"Lo que parece claro es que lo que anima al Gobierno no es la defensa de la libertad de expresión, porque una norma así nunca podría sancionarse si no se regula simultáneamnete la publicidad oficial y la ley de acceso a la información", puntualizó.
Señaló que la oposición debería reunirse para evitar que el Gobierno logre "sacar la ley a empujones".
Añadió que a su entender el proyecto "plantea enormes dudas, como la posibilidad de dar una enorme discrecionalidad a través de la autoridad de aplicación".
"Pareciera que es una norma planteada exclusivamente para tratar de cuestionar o generar confrontación con el grupo Clarín", agregó.
Estimó Gil Lavedra que la ley "debería estar rodeada del mayor consenso y acuerdo posible", por lo que consideró sospechoso "haber omitido" para su tratamiento inicial a la comisión de libertad de expresión y a la de asuntos constitucionales.
Por otra parte, estimó que la nueva autoridad de aplicación que contempla el proyecto para reemplazar al CONFER en la vigilancia de las licencias que se otorgan, y que estaría integrada por una mayoría oficialista, "es un retroceso, es un maquillaje" y recordó que Néstor Kirchner, cuando era presidente, "extendió licencias de televisión abierta por diez años de modo absolutamente discrecional y arbitrario".
Añadió que la regulación de la publicidad oficial cobra "extraordinaria relevancia" y cuestionó que el proyecto contenga la "prohibición de publicidad privada en materia política, porque si sólo se puede destinar publicidad oficial, esa pauta del Estado será la que determine cuáles serán los medios exitosos y cuáles no".
"Corresponde a la oposición poner los mayores recaudos para que la ley pueda ser discutida de un modo transparente y honesto, y no prestarse a estas trapizondas y trampas del Gobierno", sotuvo.
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