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Despouy aseguró que la auditoría para determinar la ruta que siguieron los 765 millones de pesos otorgados por el Gobierno a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales fue "una decisión tomada por unanimidad desde el momento mismo en que explotó todo", y calificó el caso de "tan delicado y tan doloroso como lleno de implicancias de distinta naturaleza".

El titular de la AGN, en diálogo por radio Continental, explicó el por qué de la auditoría: "No es solamente la tarea de abarcar lo que fue la transferencia desde el Tesoro o la secretaría o subsecretaría de Vivienda a la provincia o al municipio, sino también la operatoria entre la actividad desarrollada por el municipio cuando libre el cheque para pagar una certificación, y la ejecución misma".

Según Despouy, "pudo acontecer que hubo una transferencia, que esa transferencia llegó al municipio, que efectivamente se concretó con el cheque mismo, pero ese cheque pudo ir no ya a un fondo específico para el pago de esa obra, sino pudo ir, como algunos han denunciado, a una cueva financiera donde se transforma en un activo de una empresa".

"Ahí no se pagaron impuestos, no se pagaron cargas sindicales, y va a integrar un fondo que puede incluir fondos de otros orígenes. Hay cosas que nos alarman, nos asustan y de alguna manera están en el escenario público", precisó.

El funcionario advirtió que se observará "estrictamente la certificación y si se ha hecho por contratación directa o a través de licitación, si se ha respetado la ley de Obras Públicas y Vivienda y, además, cómo fue la ruta del dinero".