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En los últimos días se dio a conocer un operativo llevado a cabo por la División de Investigaciones Telemáticas de la Policía Metropolitana, que luego de seis meses de investigación derivó en el allanamiento de un consultorio médico donde se practicaban interrupciones voluntarias de embarazos.

En la Argentina se practican cerca de 500 mil abortos por año y ese dato es en sí mismo una prueba de que la amenaza de la persecución penal ha demostrado no ser efectiva para disuadir a las mujeres de interrumpir sus embarazos.

El objetivo que todas las personas seguramente compartimos, que es disminuir la cantidad de abortos que se realizan por año en la Argentina, no se logra con políticas represivas sino con educación sexual y anticonceptivos para elegir el momento del embarazo, y con anticoncepción de emergencia para aquellos casos en que por diversos motivos (entre otros, la violencia sexual hacia las mujeres) las relaciones sexuales no han sido seguras.

Sin embargo, el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha demostrado tener prioridades en su política represiva, donde el aborto ocupa un lugar importante. El allanamiento del consultorio médico conocido en los últimos días se suma a otra acción de la Policía Metropolitana en la cual se incautaron 1500 dosis de oxaprost (medicamento que sirve para practicar abortos debido a que contiene misoprostol) en el mes de mayo.

Estos hechos plantean varias discusiones de diversa naturaleza.

Por un lado, es posible cuestionar la competencia que tiene la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad para investigar delitos penales de competencia nacional, lo que puede derivar en la nulidad de lo actuado en base a las garantías penales presentes en nuestro ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, es fundamental cuestionar cuál es la prioridad del Estado al asignar sus recursos económicos y humanos. Irónicamente, es el Gobierno de la Ciudad el que durante 2010 subejecutó el presupuesto para impartir educación sexual. En lugar de dirigir los recursos estatales a evitar embarazos no deseados, la estrategia en contra del aborto es la que castiga. En vez de generar políticas públicas que empoderen a las mujeres y las ayuden a poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en forma plena, la estrategia elegida es la persecución penal que ha demostrado ser inefectiva, inadecuada y desproporcionada.

Finalmente, corresponde cuestionar no sólo la violación al derecho a la intimidad sino también la total descontextualización del problema del aborto, como si se tratara de un problema de política criminal antes que de salud pública. La Policía Metropolitana irrumpió en un consultorio médico ejerciendo un despliegue de violencia que pudo verse en la vergonzosa difusión mediática que se le dio al operativo, donde se observa cómo las puertas del consultorio son abiertas a patadas. No protegieron la intimidad de la mujer que se estaba por intervenir ni la del médico que goza de presunción de inocencia hasta que el proceso quede cerrado por una sentencia definitiva. En ningún momento la información que surge del comunicado de prensa ni de los videos subidos por la División a YouTube se enmarca en las circunstancias estructurales que hacen que las mujeres padezcan embarazos que no desean y que ante esta situación angustiante tengan que recurrir a una clínica clandestina a realizarse una práctica médica, aun en circunstancias donde ésta es permitida por el ordenamiento jurídico nacional.

Un Estado que prefiere reprimir a prevenir no toma en cuenta los derechos humanos de la ciudadanía. Es un Estado que impide a las mujeres ejercer sus derechos. Es un Estado que ofende la democracia.

* Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).