La norma se sancionó por primera vez en 2006, con el objetivo de garantizar los derechos consagrados en la Constitución Nacional, aunque en los últimos años se siguieron registrando desalojos.

El reclamo de los pueblos originarios está basado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que obliga al Estado a "garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilinge e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan".

La iniciativa, sancionada en 2006 y que se prorroga, declara la emergencia en "materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años.

También hasta ese plazo, es decir hasta el 2017, se mantendrá la suspensión de las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas. Otro punto esencial es que se mantiene el Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas por un monto de 40 millones de pesos que se asignarán en cuatro años y se distribuirán a razón de 10 millones por año.