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En un comunicado, el CELS precisó que el documento votado en el Senado por el oficialismo y sus aliados "acota el concepto de inteligencia nacional, contribuye a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados, establece pautas más claras para la clasificación y acceso a la información, y prevé aplicar a los agentes de inteligencia las mismas reglas procesales que a los otros auxiliares de justicia cuando intervengan en investigaciones criminales".

Durante los debates públicos en comisiones, el CELS hizo contribuciones sustantivas que fueron incorporadas al proyecto original. La organización destacó que la "reforma de la inteligencia nacional abarca a los principales puntos críticos: la histórica autonomía de los servicios de inteligencia, su relación con la justicia federal, la clasificación de la información y la transparencia de los fondos".

Entres las modificaciones impulsadas por la nueva norma, el CELS subrayó la prohibición para que los agentes de inteligencia "realicen tareas represivas y policiales". "También impide que la Agencia Federal de Inteligencia realice investigación criminal a menos que un juez fundamente la necesidad de su intervención", precisa el organismo y reitera que "en esos casos, serán aplicadas las reglas procesales correspondientes tal como ocurre con los funcionarios de otras fuerzas de seguridad, cuya identidad es conocida y pueden declarar en la justicia".

Por otro lado, el CELS indica que "por primera vez una regulación de inteligencia nacional establece un principio de publicidad en materia de acceso a la información". La iniciativa votada en el Senado, a diferencia de la original, ordena que "todo el presupuesto será público, en principio, y estará sometido a los controles que consagra la Ley de Administración Financiera".

De todas maneras, se advierte que "es imprescindible que el decreto reglamentario fije mecanismos para registrar y acreditar los gastos, entre ellos el uso de libros de caja y documentación respaldatoria que permitan la revisión ex post facto".

Por último, el CELS lamentó "la deserción de muchas fuerzas políticas, su ausencia del debate y la amenaza de derogar la norma en un futuro sin analizar sus alcances" y lo calificó como una "falta de compromiso con la solución de los problemas de fondo que se expresaron en la coyuntura".