Holguín declaró a la prensa que el gobierno "está precisando la identificación, el rango y la cantidad de pena que han pagado hasta ahora y los beneficios que se les darán para establecer a quiénes cobija el indulto".

La especulación sobre la inminencia de la firma del decreto, que podría concretarse entre esta noche y mañana, según anticipó el diario bogotano El Tiempo, comenzó a correr con fuerza durante la mañana, cuando el presidente citó al Palacio de Nariño a los jefes de la coalición oficialista en el Congreso.

Rápidamente circuló la información de que la convocatoria era para explicarles el contenido de la norma y el proceso que se seguirá, como luego confirmó Holguín.

El ministro dijo a "El Tiempo" que serán de 200 a 300 los miembros de las FARC liberados, y que por el momento se buscaba establecer con exactitud la pertenencia a la organización de los elegidos, su jerarquía interna y el tiempo que llevan en prisión.

La idea, en principio, es que ya el lunes los ex combatientes -en su mayoría acusados de rebelión, sedición o asonada- sean llevados a un "centro de ubicación temporal".

La excarcelación de los rebeldes es una jugada arriesgada de Uribe, que pretende con la medida presionar a las FARC para que libere a los 56 secuestrados que tiene en su poder, entre ellos tres estadounidenses y la ex candidata Ingrid Betancourt.

Las FARC, en tanto, aspiran a un canje humanitario con otras condiciones, en especial el despeje militar de dos municipios sureños, idea que el Poder Ejecutivo rechaza de plano.

Por lo que se indicó inicialmente sobre las condiciones para la excarcelación, los rebeldes deben manifestar que abandonan la militancia en las FARC, comprometerse a trabajar para la paz y permanecer bajo la custodia de la Iglesia Católica.

Quienes no tengan delitos atroces saldrán libres por ley y los que sí se acogerán a la ley de Justicia y Paz y saldrían en libertad en el corto plazo.

Apenas conocido el plan, las FARC consideraron la medida como "una cortina de humo" del gobierno para tapar el escándalo generado por los vínculos de legisladores oficialistas y funcionarios con grupos paramilitares, que dio paso a la llamada "parapolítica".

Ahora, la salida de los ex guerrileros parece el paso previo a esta otra libertad que será no menos polémica: justamente la de los implicados en relaciones con los paramilitares reunidos en las Autrodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy en proceso de desarme.

Al respecto hay una controversia, ya que Holguín confirmó que la semana próxima estará listo el proyecto de ley que propone excarcelar a estos políticos, previo el pago de una pena mínima efectiva de privación de la libertad.

Sin embargo, el gobierno negó luego en un comunicado que haya presentado un proyecto de ley para dejar en libertad a los congresistas acusados de tener nexos con las AUC.

"Para el gobierno resultaría inaceptable que iniciativas que deber ser arduamente discutidas se tramiten por la vía de atajos de procedimiento o se propongan como 'micos' (artículos con vicios) que no resistirían examen jurídico", señaló en un texto el secretario Jurídico de la Presidencia, Mauricio González.

Por la investigación de la "parapolítica", 13 congresistas oficialistas fueron detenidos.

Entre los aprehendidos está el hermano de la ex ministra de Relaciones Exteriores María Consuelo Araújo, y dos gobernadores, entre ellos un primo hermano de la ex funcionaria.