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El decano y su entorno afirman que en la Facultad de Ingeniería (UBA) hay grupos que quieren supeditar la institución a la facturación de servicios y los intereses partidarios. Enfrentados, sectores de profesores, graduados y minoría de estudiantes pretenden remover a Bruno Cernuschi Frías del decanato porque, sostienen, “la facultad está paralizada” y los miembros de la gestión acusan de “corruptos a quienes no piensan como ellos”. Por ahora, en la facultad donde estudian unos ocho mil alumnos, las fuerzas están parejas. Pero la crisis está en ascenso.
En marzo, Cernuschi Frías fue votado por la mayoría de los consejeros directivos para conducir la facultad. En la asamblea para elegir rector de la UBA, en abril, definió su perfil: fue el único decano que apoyó a León Rozitchner, el candidato más a la izquierda de los postulados. Hoy, el bloque que encumbró al decano se fracturó y parte de los que lo votaron quiere echarlo. La fractura divide a los funcionarios y al consejo directivo en dos grupos políticamente heterogéneos.
“El decano armó una estructura paralela con sus amigos. Pero no por acomodar a su gente, sino porque ve corruptos por todos lados, no confía en nadie. Plantea todo como si hubiera dos bandos y, así, fue generando mucho malestar hasta entre los que lo habíamos apoyado”, dijo un funcionario, que pidió reserva de su nombre. “La facultad está colapsada, todo se traba en el consejo. La situación es realmente grave”, agregó. “La facultad está sin brújula”, señaló Eduardo Dvorkin, del claustro de profesores, en la sesión del consejo de esta semana. Allí mismo, el consejero por la minoría estudiantil, Eduardo Santarelli (El Gradiente), dijo: “Es preocupante que el decano y sus colaboradores persigan gente acusándola de corrupta sólo porque piensa distinto. Estamos entrando en un autoritarismo”.
El grupo opositor pretende echar al decano, según admitieron algunos de sus miembros en diálogos informales con este diario. Para hacerlo, por estatuto, precisan 11 de los 16 votos del consejo directivo. Sostienen que hoy tendrían los votos de seis profesores, dos graduados y un estudiante.
“Con el discurso de que sólo vemos corruptos están obstruyendo el proyecto del decano de desarrollar la enseñanza de grado, promover los servicios y transferencias tecnológicas, recuperar la industria nacional y colaborar con los sectores más carenciados de la sociedad. Los jefes de esta movida desestabilizadora son los radicales que manejaron la facultad en los últimos años, desde el claustro de graduados. Quieren recuperar lo perdido”, aseguró un profesor y estrecho colaborador de Cernuschi Frías.
“Además –agregó–, hay muchos fundamentos para sospechar que hubo un manejo poco claro de los recursos.” La suspicacia apunta a una serie de investigaciones iniciadas por la gestión sobre: un convenio entre la facultad y el Gobierno porteño para automatizar semáforos a cambio de 500 mil pesos; los ingresos por servicios percibidos desde el Laboratorio de Materiales y Estructuras; la compra de 16 computadoras por las que se pagaron 20 mil pesos y sólo se recibieron dos PC; las irregularidades que se habrían detectado en el área de Ingeniería Mecánica y Naval; entre otros expedientes.
“Hay un sector que es hegemónico en la facultad y usa el poder político para concentrar todos los servicios a terceros. Hubo docentes que llegaron a cobrar 100 mil pesos el año pasado, aprovechando el nombre de la facultad –dijo una consejera por la mayoría estudiantil, Carolina Tocco (La Corriente)–. Nosotros propusimos que se investiguen los trabajos a terceros y cómo se usaron los fondos. Pero el consejo no lo aprobó.”
Un punto de inflexión en la fractura interna de Ingeniería fue la reglamentación de los servicios a terceros, que se aprobó hace poco más de un mes con el impulso del decano. La norma estipula que lo recaudado deberepartirse por mitades entre el equipo de la facultad que brinda el servicio y la propia institución. Antes, al equipo le quedaba el 80 por ciento y sólo el resto a la facultad. La resolución también establece el destino de los fondos (becas, insumos, equipos) y, además, fija un tope para la cantidad anual que un docente puede cobrar por sobre su salario por prestar servicios.