[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Facultad de Derecho (UBA) aprobó esta semana la creación de una carrera de posgrado en Regulación Energética. Para dirigir la especialización, el consejo directivo de la facultad eligió a un director de la empresa Metrogas. La resolución abrió una fuerte disputa en la unidad académica donde estudian casi 30 mil alumnos. “Esto es un ejemplo de libro del concepto de captura: se pone al regulado a dirigir un curso para formar a los reguladores”, criticó Horacio Bernsten, consejero por el claustro de graduados. En diálogo con Página/12, el profesor y ex decano Andrés D’Alessio argumentó: “La facultad no puede ser la facultad de una sola de las partes. La universidad pública no debe dar una enseñanza sesgada”.
El posgrado fue organizado a partir de un convenio entre las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y los entes nacionales de regulación del Gas y la Electricidad (ENRE y Enargas), con el objetivo de formar especialistas en materia de regulación de gas y electricidad. La carrera cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un préstamo no reembolsable.
El debate se abrió el martes pasado, cuando el consejo directivo aprobó el plan de estudios del posgrado y también nombró en su dirección a Eduardo Zapata: es el actual director de Legales de Metrogas, la principal empresa distribuidora de gas del país. Este paquete de medidas contó con nueve votos a favor: la mayoría de profesores, un graduado y los estudiantes de Franja Morada. Hubo cinco votos en contra: tres docentes y dos egresados.
“La carrera es muy importante: no hay otra en el país, ni posiblemente en América latina, donde se formen reguladores. Pero el plan de estudios no desarrolla temas básicos como la protección de los usuarios y del interés público. Y casi no se menciona la teoría de la captura, un concepto muy desarrollado en Estados Unidos que hace referencia a la captura de los funcionarios del Estado, es decir del regulador, por parte de las empresas privadas, es decir los regulados”, dijo Bernsten, quien además preside la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que, mediante un amparo judicial, logró frenar la renegociación de las tarifas de servicios públicos.
El consejero opinó que el director debió ser designado por concurso o, al menos, por consenso. “Esto es un ejemplo de libro del concepto de captura... No sé si se va a dar una relación de subordinación entre los futuros reguladores y el director, pero se va a generar una búsqueda de consenso que puede deteriorar la posibilidad de ejercer un control real. ¿Cómo va a hacer el regulador para negarle algo a quien está ligado a su formación y desarrollo profesional y académico? Esto es minar la posibilidad de control estatal”.
Andrés D’Alessio, actual consejero por el claustro de profesores, defendió las decisiones tomadas. “El pluralismo es fundamental en derecho. La facultad no puede ser la facultad de una sola parte. En esta carrera, tendremos que formar abogados reguladores y también para las empresas. Si no, se pierde la esencia del derecho. Si alguien cuestiona al director del curso, tendrá que demostrar que se equivocó. Porque si no, estaremos entrando en una actitud macartista”, consideró.
Este diario le consultó si, para alcanzar el pluralismo, no bastaba con incluir la perspectiva de las empresas reguladas en el plan de estudios y en la planta docente: “El director no es un zar, no tiene facultades ejecutivas. Se ocupa de organizar los cursos, servicios, cuestiones administrativas –respondió ex decano de la facultad–. En la sesión del consejo directivo, acusaron al director de haber sesgado la elección de profesores y también de haber discutido con esos profesores por sus ideas. ¡Esa discusión demuestra que no hay uniformidad de ideas entre esos profesores!”. El debate posiblemente se reproduzca en el Consejo Superiorde la universidad, que deberá someter a consideración la resolución de la facultad.