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La situación es “desconcertante”. El panorama es “negro”. La universidad está “paralizada”. Con esas palabras describieron autoridades y dirigentes universitarios, en diálogo con Página/12, el horizonte inminente del sistema educativo superior. El problema es no sólo que los fondos actuales de las universidades están amenazados por el recorte más grande de los últimos años, sino que el Presupuesto 2003 no contemplaría el aumento necesario para afrontar la devaluación de la moneda y el incremento de los insumos, muchos de ellos importados. Eso ocurrirá si prospera el proyecto presupuestario enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y ya aprobado por la Comisión de Presupuesto de Diputados.
Los universitarios aspiraban a que esa comisión aceptase los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el año que viene. Hoy, al igual que en los últimos años, el presupuesto de las casas de estudios nacionales es de 1830 millones de pesos. Los rectores habían logrado acordar una planilla para distribuir entre las instituciones un monto global de 2160 millones. Y, tras sucesivas reuniones con legisladores, el CIN había conseguido que su propuesta fuera aprobada por la subcomisión de educación superior de la Cámara baja, en desmedro de la promovida por el Ministerio de Educación.
Pero, ahora, se dio vuelta la taba. La Comisión de Presupuesto desdeñó la propuesta de las universidades e incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto 2003 –que esta semana empezaría a tratarse en la cámara– los números que pretende Graciela Giannettasio. La ministra de Educación acordó con su par de Economía, Roberto Lavagna, un presupuesto de unos 1990 millones para el sistema universitario. “Ese proyecto incluye la devolución del 13 por ciento a los salarios recortados, pero quedan afuera unos 160 millones que son imprescindibles para mantener el poder adquisitivo de la moneda –explicó Ricardo Suárez, titular del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario–. Y no sólo por el incremento de los precios nacionales, sino también por el costo de los insumos importados, cuyos precios siguen siendo en dólares.” Eso, sin contar con la previsible inflación local que, en pocos meses, podría comerse un aumento tan módico. En ese contexto, el CIN exhortó ayer a los legisladores a “resolver la cuestión en favor de la educación pública”.
La alarma estalló entre los docentes. “En números reales, ese presupuesto implicaría un recorte del 40 por ciento, por el efecto de la inflación y la devaluación –apuntó el secretario gremial de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Daniel Ricci–. No habría margen para recomponer los salarios. El panorama es muy negro. Porque, además, después nadie garantiza que el presupuesto se cumpla.” Desde el otro gremio docente, José Luis Molina señaló: “El aumento que pedía el CIN ya era insuficiente. Si se aprueba este presupuesto, ya ni siquiera estaremos manteniendo a la universidad en crisis, estaremos perdiendo todo lo que teníamos”. El secretario general de la Conadu Histórica aseguró que “la universidad está paralizada”. “En el interior, este año casi no hubo investigación. En la Universidad de Catamarca, no pudimos hacer trabajo de campo con los estudiantes.”
Antes de sufrir las carencias del próximo presupuesto, las universidades ya sufren las postergaciones del actual. Todo el año las partidas para salarios y gastos fueron enviadas con retraso. “En 2002 sólo recibimos los gastos correspondientes a un mes y medio”, dijo Suárez. El retraso hoy ronda los 90 millones. Esa demora solamente contempla los fondos que fueron devengados –es decir, asignados– por Economía. Además, como ya informó este diario, existen partidas previstas por la última Ley de Presupuesto que ni siquiera fueron devengadas. A esta altura del año, ya todas deberían haber sido asignadas. Se trata, más o menos, de un 8 por ciento del presupuesto del sector: unos 144 millones. Si los fondos sondevengados, pasan como deudas pendientes para el ejercicio siguiente. Si no, se pierden para siempre.