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El Gobierno gestionaba anoche que los grandes supermercados publicaran una solicitada conjunta en la que dejen en claro que no entregarán alimentos a quienes los vengan a pedir a sus puertas y que en cualquier caso canalizarán la ayuda alimentaria a través del Estado. Se trata de una movida más de la Casa Rosada para prevenir intentos de saqueos, que de todas maneras –según el diagnóstico oficial– podrían darse principalmente en supermercados chicos. Por de pronto, hay orden de acuartelamiento de las fuerzas policiales, la Gendarmería y la Prefectura y la idea será saturar las calles el jueves y viernes para evitar que haya tanto saqueos en el conurbano como choques en la marcha de conmemoración del 20 de diciembre. El Gobierno asegura que dio instrucciones a las fuerzas de seguridad de que en ningún caso se tiren gases al conjunto de los manifestantes y prohibió el uso de armas de fuego a los efectivos. Aun así, nadie descarta que en el clima de tensión pueda aparecer un grupo de piqueteros descontrolado y una respuesta catastrófica de los miembros de las fuerzas de seguridad.
La negociación con los supermercados para que saquen la solicitada fue encarada por hombres del Ministerio del Interior y busca, además, poner por escrito un supuesto compromiso de las grandes cadenas de no entregar alimentos bajo presión. En verdad, los supermercados sostienen que el Gobierno les pone presión a ellos como forma de esquivar la confrontación con los piqueteros o gente de barrio que va a pedir comida.
Para el Ejecutivo, la solicitada saldría al cruce de uno de los peligros que ven: que algunas bandas de delincuentes hagan correr la voz de que tal supermercado va a entregar bolsones de comida y entonces convoquen a la gente a la puerta. Con 300 o 400 personas frente al supermercado, transcurridas algunas horas nerviosas, se puede alentar a la gente a entrar por la fuerza y las bandas aprovecharían para llevarse cosas de mayor valor. Ese fue el esquema del intento que se hizo hace diez días en el Carrefour de San Fernando.
En el Ejecutivo sostienen que las principales organizaciones piqueteras lograron un crecimiento notable durante el 2002 y “quieren conservar ese crecimiento, no arriesgarlo en alguna aventura este 20 de diciembre”, según aseguraba anoche a Página/12 un secretario de Estado. En otros términos, esto significa que el Gobierno les ha dado fondos –no sólo el cheque a Castells de los últimos días, sino también a otras organizaciones– y los piqueteros consiguieron una cuota de poder que no tirarían por la borda. Esa es la evaluación de la Casa Rosada que los lleva a pensar que esas organizaciones no se saldrán de cauce el jueves y viernes.
Como ya adelantó Página/12, las mayores desconfianzas están en los grupos piqueteros y de izquierda más chicos. En el Gobierno insisten en que hay algunas de esas pequeñas organizaciones que preparan algún asalto a un camión y la posterior distribución de alimentos en una villa o un barrio carenciado. En los papers oficiales no dice en qué datos se basa, aunque sí menciona el sur del Gran Buenos Aires, San Martín y Ciudadela como eventuales escenarios de estos supuestos hechos.
En cuanto a las movilizaciones del jueves y viernes, el diagnóstico oficial es que habrá unas 20.000 personas movilizadas, la mitad puesta por las organizaciones piqueteras y la otra mitad por la izquierda y las asambleas de la Capital Federal y el conurbano. “Va a ser la marcha más grande desde la que se hizo por los 25 años del golpe, el 24 de marzo del año pasado”, evalúan en Balcarce 50.
La estrategia también se basa en una negociación con los piqueteros y la izquierda. Hubo reuniones reservadas y la impresión de los responsables de seguridad es que las propias organizaciones van a ejercer el control en sus filas. Aun así, existe orden de saturar de efectivos uniformados todoel centro de la Capital Federal y los puntos conflictivos del Gran Buenos Aires. “Hay orden de acuartelamiento y de que todo el mundo esté de servicio el jueves y el viernes. Esto incluye a la Federal, la Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura”, reseñó el secretario de Estado.
El punto clave de la táctica frente a la manifestación es evitar que un grupo de policías reaccione en forma desproporcionada ante cualquier incidente. El clima está muy caldeado y en el Gobierno aseguran que no repetirán lo que hicieron en Avellaneda, o sea, amenazar durante toda una semana en que se iba a prohibir que se cortara el puente Pueyrredón y a la hora de los hechos aparecieron los policías de uniforme y de civil disparándole a la gente con balas de plomo. Al menos públicamente, en la Casa Rosada dicen que esta vez la orden es manejarse con cautela y no disparar en ningún caso.