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Las universidades privadas crearon su propia agencia para evaluar la calidad de los cursos universitarios. Desde la sanción de la Ley de Educación Superior (1995) existe sólo un organismo estatal encargado de examinar y autorizar (o no) a las carreras e instituciones públicas y privadas: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Pero ahora, un grupo de universidades privadas decidió organizar una entidad paralela, posibilidad prevista por la misma ley. Desde el Ministerio de Educación, y también desde la Coneau, los funcionarios advirtieron a Página/12 que se corren dos serios riesgos. Uno: que se genere un sistema endogámico de evaluación, donde las universidades se autoevalúen a través de la agencia que ellas mismas integran. Dos: que funcionen dos sistemas evaluadores paralelos, competitivos, uno de primera y otro de segunda categoría.
La Fundación Argentina para la Evaluación y Acreditación Universitaria (Fapeyau) fue fundada por las universidades del Salvador, John Kennedy, Adventista del Plata, de Mendoza, Morón, Palermo, del Museo Social, Juan Maza, Maimónides, Notarial Argentina, las católicas de Argentina, Córdoba, Cuyo, Santa Fe y Santiago del Estero, además del ITPBA, el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud y la UADE. Esas 18 instituciones involucran cerca del 75 por ciento de los 180 mil alumnos del subsistema privado de educación universitaria.
Presidida por el rector de la Universidad del Salvador (USAL), Juan Tobías, la Fapeyau ya cuenta con el reconocimiento provisorio del Ministerio de Educación, aunque aún no está habilitada para funcionar. La Ley de Educación Superior prevé que, además de la Coneau, otras entidades formadas por universidades públicas y/o privadas pueden ocuparse de realizar las evaluaciones institucionales, la acreditación de las cursos de posgrado y de las carreras de grado consideradas de interés público (por ahora, esas carreras son medicina, ingeniería, psicología, arquitectura, odontología, farmacia, bioquímica, agronomía y veterinarias). La nueva agencia –según informó la USAL– “se propone insertarse dentro de un entramado de recíproco apoyo entre lo público y lo privado, donde confluyen armónicamente los objetivos para los cuales fue creada: garantizar la mejora del sistema educativo universitario”.
Pero las autoridades temen que ese propósito se desvirtúe. “La intención de los organizadores parece ser que la nueva agencia funcione en forma paralela a la Coneau. Y no debería ser así: debería ser complementaria, no competitiva”, dijo el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese. “Lo ideal sería que se trabaje en conjunto. Por ejemplo, la Coneau podría delegarle responsabilidades, porque la tarea que tenemos por delante es enorme”, consideró Enrique Villanueva, presidente de la Coneau.
El otro problema que se advierte, más serio, es el de la posible autoevaluación. “¿Es correcto que una universidad que es propietaria de una agencia sea evaluada por ella misma –se preguntó Villanueva–? Esto va a generar una discusión muy fuerte. El riesgo es que exista un sistema de primera y otro de segunda calidad. O que se creara una división entre las universidades privadas y las públicas.” El secretario de Políticas Universitarias coincidió: “La evaluación no puede ser endogámica, ni sólo para las privadas. Si la Fapeyau aprueba una carrera y después la Coneau la critica por autocomplaciente, la nueva agencia se desacreditaría y pasaría a ser solamente un sello”. El conflicto de fondo es que en el país no está reglamentada la convivencia de dos entes evaluadores. En realidad, según Villanueva, “no hay experiencias en el mundo. En Estados Unidos, las universidades no pueden optar por quién las va a evaluar. Está establecido por jurisdicción. Acá no hay nada decidido”.