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En términos históricos, la “década perdida” de 1980 tuvo su reflejo en el presupuesto universitario, aun cuando con la recuperación de la democracia desde 1984 las universidades nacionales (UUNN) recuperaron su autonomía. El financiamiento por estudiante cayó abruptamente y la década del ’80 concluyó con la hiperinflación de 1989/1990 y, por ende, con una crisis del financiamiento público. Recién a partir de 1993 se registra un importante aumento del presupuesto universitario, alcanzándose su duplicación en términos constantes en 1995, para luego estabilizarse en 1998 en un nivel equivalente al 0,6 por ciento del PIB. El período 1998/2002 registró una sistemática caída, hasta que con el nuevo modelo económico a la salida de la Convertibilidad el presupuesto universitario inicia un proceso gradual y sistemático de crecimiento. Desde 2005 creció a tasas anuales superiores al 30 por ciento en pesos corrientes y acumuló entre 2003 y 2010 un 542 por ciento de aumento. En términos del PIB, el período 2005/2011 registra los ratios más elevados hasta alcanzar en 2011 el 0,96 por ciento del PIB, comparable a Italia, Brasil y Rusia.

Este notable incremento presupuestario tuvo como principal destino la mejora de los salarios docentes y no docentes. El crecimiento del salario docente universitario entre 2001 y 2011 superó el 500 por ciento en valores corrientes, y el no docente, el 1000 por ciento. La ley de presupuesto para el ejercicio 2013 alcanza un valor de 23,8 mil millones de pesos, que representa un incremento del 30,3 por ciento respecto de 2012, porcentaje muy superior al incremento proyectado del gasto público total para la administración pública nacional. Pero lo que estos datos no reflejan son los aportes del Estado nacional que provienen de otras fuentes y ministerios y que deberían ser considerados.

Primero, el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Universitaria (PDIU), del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, orientado a financiar el desarrollo de la infraestructura física universitaria, ha financiado 206 obras (terminadas y en ejecución) por un total de 748,7 millones de pesos en el período 2005/2012. Actualmente, el PDIU es del orden de los 200 millones de pesos anuales. Segundo, el Plan Federal de Infraestructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se puso en marcha a partir de 2008, ha atendido cincuenta obras de institutos de investigación, con ejecución en dos etapas. En la primera se financiaron obras por 319,1 millones de pesos y la segunda prevé 402 millones de inversión. Del total de 319,1 millones, tres cuartas partes se destinaron a unidades ejecutoras del Conicet de doble dependencia con UUNN. Ambos programas de infraestructura han sido los más importantes en los últimos 50 años.

Tercero, el Conicet financia las carreras del investigador científico y del personal de apoyo. Sobre un total de 6929 investigadores, 4780 (67,4 por ciento) tienen como lugar de trabajo las UUNN. Además, el 73,5 de los becarios doctorales financiados por Conicet, o sea 5761 doctorandos, se desempeñan como auxiliares de docencia, así como 1549 becarios posdoctorales y 676 profesionales y técnicos de apoyo que están en unidades ejecutoras de doble dependencia entre el Conicet y las UUNN. En términos económicos, se estima en 425 millones de pesos anuales el aporte del Conicet a las universidades en salarios y becas.

Cuarto, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica financia sistemáticamente desde 1997 proyectos de investigación científica y tecnológica presentados por las universidades. En 2010, las universidades nacionales recibieron desembolsos efectivos por 136,5 millones y en 2011 por 126,5 millones.

En conclusión, cabría estimar en aproximadamente mil millones de pesos anuales el aporte del Estado nacional por otros mecanismos distintos a los aportes del Ministerio de Educación, que incrementan el financiamiento “ordinario” en un 5 por ciento anual y posibilitan superar el 1 por ciento de inversión pública respecto del PIB.

En este contexto, resultan poco comprensibles algunas críticas al Gobierno a propósito del financiamiento de las UUNN, si bien persisten problemas estructurales: la baja participación de los gastos no salariales en el gasto total, que compromete la sustentabilidad de las instituciones; las asimetrías en la distribución secundaria entre las UUNN (un grupo de universidades deberían contar con mayor presupuesto según el número de alumnos activos y el grado de experimentalidad de las carreras que dictan), y la baja participación de las becas a estudiantes en el financiamiento global, pese al notable incremento de las becas nacionales que pasaron de 3 mil a 50 mil beneficiarios.

* Rector de la Universidad Nacional de Río Negro.