–En diciembre renunció Juan Carlos Pugliese y la semana pasada renunció Daniel Malcolm. ¿Por qué se han producido cambios tan seguidos en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación?

–Bueno, éste es el primer cambio tan seguido, porque el secretario anterior estuvo casi cuatro años. Lo único que puedo decir es que con Malcolm siempre tuve una excelente relación. Cuando me ofrecieron el cargo, lo llamé y me dijo que se iba por cuestiones personales, sentía la necesidad de dejar el cargo.

–¿No hace un análisis político de los cambios?

–No. Más, así lo viví estos días, por eso preferí asumir sin un acto formal...

–Siendo usted radical, ¿su ingreso en el gobierno puede interpretarse como parte de la concertación que busca el Presidente?

–No. Se lo expresé claramente al ministro cuando acepté: estoy acá porque coincido con las políticas del Gobierno en el área educativa. Problemas que antes no habían tenido solución, la tuvieron con este gobierno. Acepté porque comparto los objetivos. Quizá si hubiera sido una concertación forzada y no estuviera de acuerdo con la política educativa, no habría aceptado. Por otro lado, nunca hice diferencias por el color político. He sido un militante del radicalismo universitario y en mi universidad he trabajado con todos los sectores ideológicos.

–¿Con qué prioridades asume su gestión?

–En principio, voy a tratar de mantener un diálogo abierto con todos los sectores de la comunidad universitaria. Soy un defensor de la universidad abierta, pluralista, gratuita, pero una universidad donde los que ingresen tengan claro el esfuerzo que significa estudiar y donde las instituciones asuman la responsabilidad de brindarles a los jóvenes opciones de calidad, valiosas no sólo para su futuro personal sino también para el futuro de la sociedad argentina. Sobre esas líneas vamos a trabajar. Creo que hay que acompañar los procesos de mejoramiento de las carreras de interés público, y también de otras carreras centrales para el desarrollo. Más allá del financiamiento genuino que el Estado debe dar a la universidad, la idea es que la secretaría pueda financiar políticas de interés público. Ahí entran el perfeccionamiento docente, un buen programa de becas para incluir a las personas que por razones económicas tienen dificultades, un sistema que promocione carreras importantes que son postergadas por los alumnos, como algunas ingenierías, informática, ciencias de la tierra, agropecuarias, carreras que tienen que ver con el desarrollo del país y no son las más demandadas. No me refiero a direccionar a los estudiantes, sino a mostrarles el abanico de opciones que por ahí muchos desconocen. También me gustaría tener algún programa para la formación y capacitación de los docentes universitarios, a través de posgrados gratuitos.

–El ministerio manifestó que apoya una reforma de la Ley de Educación Superior. ¿Qué habría que cambiar de esa ley?

–La ley hay que modificarla en algunos aspectos que no han quedado claros. Por ejemplo, la gratuidad tiene que estar bien clara en la ley, hoy está más clara en la Constitución. También habría que estudiar si la ley daña la autonomía universitaria. Los actores universitarios son los que conviven con la ley, por eso la idea es escuchar a todos los sectores y ver cuáles son las modificaciones que se proponen. La nueva ley tiene que surgir del consenso de toda la comunidad universitaria.

–Acaba de anunciarse un aumento de fondos para la universidad, pero ya hay previsto un paro docente y los rectores pidieron una reasignación del aumento. ¿Cuál es la situación presupuestaria de las universidades?

–Una cuestión es el tema salarial, que está teniendo una mejora importante en los últimos tiempos. Y el presupuesto universitario ha ido aumentando con los incrementos para salarios y con las partidas para gastos de funcionamiento, que habían quedado un poco postergados. Con el incremento de la semana pasada, a valores constantes se está llegando a igualar los valores de 1997. Todavía no se ha llegado a lo ideal en la relación entre los porcentajes destinados a salarios y a gastos, pero vamos avanzando hacia las cifras históricas. Este gobierno tiene intención de dar respuesta a las universidades en cuanto a su financiamiento. Mi pretensión es que las universidades también sean protagonistas del crecimiento del país. La universidad argentina tiene que ser una gran formadora de recursos humanos, pero también una institución que opine y ofrezca soluciones a los problemas de los argentinos.