Los gobiernos nacional, porteño y bonaerense presentaron ante la Corte Suprema un “plan integral” para recuperar el Riachuelo. La propuesta prevé un esquema nuevo de control de las actividades contaminantes, un sistema de reconversión tecnológica y relocalización de industrias –sobre todo las químicas y las curtiembres–, otro de limpieza propiamente dicha y construcción de cloacas, el traslado de asentamientos afectados por la polución y programas de educación ambiental y atención sanitaria. Las 110 páginas que fueron entregadas al tribunal anticipan en buena medida el proyecto de ley que el Gobierno elevará hoy al Congreso con el fin de crear, ante la situación de emergencia ambiental, una “Autoridad de Cuenca” que se encargue de unificar las reglas de preservación del ambiente, fiscalizar su acatamiento y fijar multas y sanciones a los incumplidores.

La creación de un nuevo ente para administrar el Riachuelo pretende remendar la falta histórica de control en la cuenca que permitió, según dice la presentación ante la Corte, que se llegara a un deterioro ambiental “alarmante”. El “estado de emergencia”, señala, viene determinado por los altos niveles de contaminación de las aguas, las inundaciones recurrentes, el desarrollo urbano e industrial sin vigilancia ni planificación y la falta de conciencia social sobre el tema.

La Autoridad de Cuenca, como se llamaría, en principio dependería de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Romina Picolotti. En el nuevo organismo, de todos modos, estarán representadas las tres jurisdicciones que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo. Uno de sus grandes objetivos será homogeneizar las normas anticontaminación para la zona y también fijaría sanciones y multas para quienes las violen. Esto se señala en el texto elevado a los supremos, que detalla que actualmente hay 22 organismos competentes para 14 municipios que aplican 55 normas distintas, algunas incluso contradictorias entre sí. Con reglas nuevas, la autoridad tendrá la atribución de disponer las inspecciones.

El plan tripartido de saneamiento fue la respuesta a una intimación de la Corte Suprema, que en junio último admitió la demanda de 140 vecinos, en su mayoría habitantes de Villa Inflamable, uno de los asentamientos más afectados por la contaminación de la cuenca. En la misma resolución, los siete supremos conminaron a cuarenta y cuatro empresas a entregar informes sobre el impacto ambiental de sus actividades y de los líquidos que vierten a las aguas, sus emisiones gaseosas y qué tratamiento dan a los desechos industriales. Hasta ayer, habían cumplido solo cuatro compañías. El material de los tres gobiernos fue llevado hasta la Secretaría de Juicios Originarios del alto tribunal en tres carritos que suelen usarse en el Palacio de Justicia para trasladar expedientes. Eran más de 20 cajas con papales. El proyecto de recuperación del Riachuelo ocupaba apenas un centenar de páginas de toda la montaña. Otras quince eran la respuesta formal al requerimiento de la Corte, donde los funcionarios explican que no presentaron un cronograma con plazos para cada objetivo sino ideas generales porque les parecía lo más apropiado.

La propuesta fue elaborada en la Secretaría de Ambiente nacional y consensuada con las otras jurisdicciones. La firman Picolotti, el gobernador Felipe Solá y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman. Se suman los encargados del área ambiental de la Ciudad, Marcelo Vensentini y de la provincia, Silvia Suárez Arocena. La documentación fue entregada a la Corte por los procuradores de las tres administraciones.

“Durante más de 100 años se viene utilizando este recurso natural como depósito de todo tipo de residuos y objetos fuera de uso convirtiendo al mismo en la mayor cloaca de la historia”, dice el documento. Precisa que las fuentes de contaminación son: los efluentes industriales sin tratamiento, los de origen doméstico que superan los topes permitidos, otros derivados de la actividad portuaria, materia grasa y combustible, además de barcos hundidos o inactivos. Hay ochenta buques, ejemplifica, esperando ser removidos en las orillas de La Boca y Barracas.

Por las características del Riachuelo, añade, se forman “zonas estancadas” que complican la depuración. Hay lodos, dice, en el fondo del río contaminados con metales pesados e hidrocarburos. La falta de desagües y sistemas cloacales, explica, provoca la invasión de aguas contaminadas en las viviendas. El río, alerta, “es depósito de 140 basurales clandestinos”.

El plan de limpieza planteado a la Corte incluye varios programas:

- El de “control y fiscalización de las de actividades industriales, efluentes, márgenes, calidad del agua, aire y suelo y otras actividades” requerirá, para ser aplicado, que se apruebe la ley que promoverá el Ejecutivo. De allí surgirán las reglas del juego y los riesgos para quienes las violen.

- El “programa de reconversión y ordenamiento industrial” prevé, por un lado, la relocalización de las fábricas más contaminantes. Se refiere, especialmente, al llamado Polo Petroquímico y a las curtiembres. La idea es que es imprescindible frenar la contaminación que producen determinadas empresas. Por otra parte, se establece una política de incentivos a las compañías para que reconviertan sus métodos productivos y utilicen “tecnología limpia” a través, por ejemplo, de créditos blandos.

- El “programa de saneamiento” incluye la construcción de dos colectoras cloacales en ambas márgenes del Riachuelo, una en territorio porteño y la otra en los municipios ribereños del Gran Buenos Aires. Estarán conectadas a una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que procesarán los residuos antes de ser volcados a las aguas. Son obras que debió hacer Aguas Argentinas y que ahora deberá realizar AySA. “En la ciudad de Buenos Aires, pensamos que la planta de tratamiento debe estar a la altura del arroyo Cildañez, adonde desembocan las conexiones cloacales clandestinas de los asentamientos del sur de la ciudad”, explicó Marcelo Vensentini. El Cildañez desemboca en el Riachuelo a la altura de Villa Soldati.

- También se establece un “ordenamiento ambiental del territorio”, lo que implica el traslado de algunos barrios afectados, como la Villa Inflamable, a otros terrenos donde estén a salvo de la polución. Vensentini agrega: “Uno de los compromisos de la ciudad en materia de saneamiento es la apertura de la Avenida 27 de Febrero, que hoy va desde Puente La Noria hasta Pompeya. Para eso tenemos que relocalizar viviendas y urbanizar los barrios” (ver recuadro).

- La educación ambiental, la participación comunitaria, el acceso a la información y la atención sanitaria son puntos también centrales, en los que la Corte Suprema había puesto especial énfasis al fallar.

El 5 de septiembre habrá una audiencia pública, por orden de la Corte, en la que cada uno de los involucrados en el proceso tendrá que exponer sus explicaciones y su propuestas. En el tribunal creen que, por la cantidad de protagonistas, se podría extender tres días. La sala principal del tribunal no alcanzaría –sólo entran 108 personas– y se usaría también la del Juicio a las Juntas, en la planta baja, donde se transmitiría en patalla gigante lo que ocurre cuatro pisos arriba.