En una historia llena de dilaciones, los docentes universitarios reclaman la recuperación de un régimen jubilatorio especial, como el que beneficia a la docencia de los otros niveles y también a los investigadores científicos. Las propuestas bajo análisis son dos. Los gremios Conadu, Fedun y Ctera firmaron un acuerdo con el Ministerio de Educación, apoyando un proyecto de ley que ya debería haberse presentado ante el Congreso. Por su lado, la Conadu Histórica empuja su propio proyecto, ya en manos de los legisladores: a diferencia del otro, explicita la movilidad en los haberes como eje central.

La disparidad con la que los trata la legislación previsional vigente deja a la mayor parte de los docentes de las universidades nacionales en el sistema de reparto o en el de las AFJP, que les reporta un 40 o 50 por ciento de su sueldo como haber jubilatorio.

El profesorado contaba con dos sistemas de jubilación especial. Sancionada en 1983, la ley 22.929 estipulaba el 85 por ciento como haber jubilatorio para los investigadores científicos y tecnológicos (del INTA, Conicet, INTI o CNEA, por ejemplo) y para el personal docente que desempeñara funciones en las “universidades nacionales con dedicación exclusiva, plena o de tiempo completo”, siempre que acreditara investigaciones en los últimos 15 años seguidos o 20 discontinuos. El otro régimen especial apuntaba a maestros primarios y secundarios, aunque esta última categoría incluía a quienes dan clases en colegios preuniversitarios. Implicaba una jubilación del 82 por ciento de la totalidad del sueldo. Ambos regímenes fueron suspendidos en su momento por la llamada “ley de solidaridad previsional”, dictada a instancias del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Aquella norma se llevó consigo la movilidad de los haberes, que antes estaban atados a cualquier aumento de salario de los docentes activos.

El 2005 fue un año con novedades para los universitarios: dos decretos del Poder Ejecutivo pusieron a las dos leyes otra vez en vigencia. Aunque se debatió con insistencia, la restauración no incluyó el concepto de movilidad, pese a que algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia fueron favorables para los reclamos docentes. Entre los dos decretos, cerca del 20 por ciento de los 120 mil docentes que tienen las universidades recuperaron los regímenes especiales. Aproximadamente un 10 por ciento quedó comprendido en la ley que abarca a los investigadores y profesores con dedicación exclusiva. Y el 10 restante, los docentes de los 60 colegios preuniversitarios del país, en el que abarca a los docentes de escuelas primarias y secundarias.

Desde aquel momento, los gremios exigen un trato similar para la mayoría de los docentes universitarios, los que tienen dedicaciones simples y semiexclusivas. El secretario adjunto de Conadu, Pedro Sanllorenti, explicó a Página/12 que el proyecto acordado con el ministro de Educación, Daniel Filmus, le garantiza al “80 por ciento de los docentes no incluidos en ninguno de los dos sistemas especiales, el acceso al cobro del 82 por ciento”.

La Conadu Histórica elaboró un proyecto similar al acordado con el Gobierno por los demás gremios, pero se diferencia en la recuperación de la movilidad en los haberes previsionales y en la instrumentación del 85 por ciento como jubilación. Este reclamo es uno de los puntos con que el sindicato mantiene su plan de lucha. Sergio Zaninelli, desde la mesa de conducción nacional de la federación, dijo a este diario que “el Gobierno, a través de la Anses, está desconociendo la Constitución nacional y los fallos de la Corte Suprema. Ya tuvo la oportunidad de implementar la movilidad de la jubilación con la última reforma que posibilitó la vuelta al sistema de reparto y con los decretos que devolvieron los regímenes especiales a los docentes e investigadores, pero no lo hizo”.

Sanllorenti afirmó que “la ley tiene la facultad de simplificar los requisitos para jubilarse, porque hacen falta 10 años de actividad frente a los alumnos. En paralelo a esto pedimos que se derogue la ley Cavallo, para que la movilidad funcione con naturalidad”. La presentación oficial del proyecto de ley ante el Congreso debería haber ocurrido el 31 de mayo, tal el compromiso de Filmus. “Estamos siguiendo el recorrido del proyecto. Ya salió del Ministerio de Trabajo, pero se encuentra estancado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Si no tenemos novedades rápidamente nos vamos a ver obligados a lanzar alguna medida de fuerza”, estimó el dirigente de Conadu. Para Zaninelli, en cambio, “el Gobierno que dice aborrecer la década del ’90, sigue aplicando la ley de Cavallo, que principalmente afecta la movilidad. Por eso presentamos en el Congreso el proyecto, que fue recibido por los legisladores Claudio Lozano y María América González y ya tiene estado parlamentario. Ahora que logramos blanquear nuestro salario, tenemos que ir por la movilidad para todos los docentes”.