Desde Santiago

En los casi dieciocho meses que el ex presidente de Perú Alberto Fujimori ha permanecido en Chile, no lo ha pasado tan mal. Si bien no ha vivido a cuerpo de rey como en su periplo por Japón (renunció a la presidencia vía fax desde ese país que le reconoció la nacionalidad nipona, lo que le dio derecho a permanecer y a no ser extraditado), desde que aterrizó en este país, el 6 de noviembre de 2005, se ha movido con una libertad por cuanto pueblito le pareció digno de conocer, aprovechando la cláusula de libre tránsito, dentro de la orden de arraigo en su contra que no deja de extrañar, tomando en cuenta la dureza de los cargos que se le han formulado en Perú. Sin embargo, todo pasa. Ayer la fiscal de la Corte Suprema chilena Mónica Maldonado recomendó conceder la extradición del Chino, quien es requerido para responder en Perú por doce cargos de corrupción y violación de los derechos humanos.

Si bien la recomendación de la fiscal no es vinculante y deberá ser considerada o desechada por el magistrado de la Corte Suprema Orlando Alvarez, lo cierto es que en palabras de Maldonado “son demoledores” las evidencias y antecedentes del proceso de extradición del ex presidente peruano. “Yo me tomé todo el tiempo que dispongo para revisar el expediente, y podría decir que sí son demoledores los antecedentes”, sostuvo.

Maldonado acogió al menos dos cargos de corrupción contra Fujimori, quien llegó sorpresivamente al aeropuerto internacional de Santiago, un soleado día domingo a fines de 2005. Al día siguiente fue puesto bajo arresto y permaneció seis meses en una prisión especial, luego de que el gobierno peruano formalizara la solicitud de extradición de quien gobernara Perú entre 1990 y 2000.

El informe de 51 páginas acogiendo la extradición será entregado al magistrado Alvarez, quien actualmente se encuentra con licencia médica, por lo que la notificación a las partes tardará unas dos semanas.

Luego de emitido el fallo en primera instancia por el juez Alvarez, la sentencia deberá ser confirmada o revocada por la segunda sala penal de la Corte Suprema.

En este escenario, el abogado defensor, Gabriel Zaliasnik, dijo que “la solicitud de extradición es extraordinariamente débil”, pues acoge “sólo algunos de los casos y sólo algunos de los delitos imputados”.

Amado y odiado, sus adherentes no dudan es afirmar que el Chino salvó a Perú del terrorismo y del colapso económico. Pero para sus enemigos, fue un autoritario que no dudó en aplastar las instituciones democráticas para conservar su poder. Ingeniero y profesor universitario, sedujo al país con su mensaje de desprecio hacia los políticos tradicionales, logrando la presidencia en 1990. Por esos años, los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) hacían de las suyas. Calculador, impasible, frío y desconfiado, Fujimori puso rápidamente de manifiesto su inclinación por la concentración del poder y la mano dura, características emblemáticas de su gestión. Así, no dudó en 1992 en disolver el Congreso y la Judicatura y en impulsar, al año siguiente, la aprobación de una nueva Constitución a su medida, que le otorgó el derecho a la reelección.

Su autoritarismo se acentuó más al arroparse en torno de un hermético círculo de oscuros allegados. Uno de esos personajes era Vladimiro Montesinos, la “eminencia gris” de su régimen al mando de los servicios secretos, ahora preso y procesado por haber montado una red de corrupción durante la década pasada.

Sus adversarios señalan que fue la alianza entre Fujimori y Montesinos y las fuerzas armadas la que gobernó el país al margen de las formalidades democráticas y que le permitió ganar la reelección en 1995 y el 2000, esta última plagada de irregularidades. Esa victoria trajo consigo la formación del escuadrón de la muerte conocido como “Grupo Colina” y, con ella, acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos. Pero no fueron las sistemáticas violaciones de los DD.HH. sino los escándalos de corrupción los que pusieron fin a su era en noviembre de 2000.

Francisco Velozo, otro de los abogados de Fujimori, aseguró que el ex gobernante “está tranquilo”. A su juicio, el Chino considera el informe de la fiscal como un trámite más. “Se encuentra muy tranquilo porque entiende que la mayoría de sus argumentos fueron recogidos.”

El canciller chileno, Alejandro Foxley, recalcó la independencia del Poder Judicial chileno: “El tema de la extradición del ex presidente Fujimori está hace rato en manos del Poder Judicial chileno, que es un poder del Estado absolutamente independiente, autónomo y altamente profesional”, sostuvo. Foxley agregó que al gobierno chileno sólo le toca esperar las resoluciones judiciales: “Después, si corresponde al gobierno alguna medida de implementación, la haremos, pero lo primero es tener la paciencia para esperar lo que debe ser un fallo judicial”, agregó.