Para el Gobierno, la falta de combustible es injustificable. Para los expendedores, lo insostenible era la situación imperante, que “tenía que explotar, y explotó”. Los productores, por su parte, afirman que la escasez del combustible es cada vez más generalizada y que “si no aparece el gasoil, el campo se para”. Las petroleras, en tanto, aseguran contra toda evidencia que sus refinerías están trabajando “al tope” y el abastecimiento a las redes de comercialización no ha mermado. En medio de este contradictorio panorama, el presidente Néstor Kirchner ordenó ayer la aplicación de la ley de abastecimiento.

El primer mandatario hizo el anuncio durante un acto de entrega de viviendas en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, donde varios productores agropecuarios expresaron sus quejas por la falta de gasoil para desarrollar sus labores. “El gasoil no puede faltar, porque las grandes empresas como Repsol, Shell y Petrobras lo tienen que traer. Le dije al señor ministro (de Planificación, Julio) De Vido que ponga en marcha la ley de abastecimiento, y ya están marchando los camiones hacia aquí”, dijo Kirchner desde el estrado.

De inmediato, el Presidente pidió la colaboración a los productores para controlar la actitud de las empresas proveedoras de combustibles. “Me tienen que llamar, me tienen que decir qué está pasando, me tienen que ayudar. Porque yo estoy a vuestra disposición. Esos intereses –dijo en referencia a los grupos dominantes en la economía– no descansan, pero que se den cuenta que ahora en la Casa de Gobierno no hay un empleado de ellos, sino un servidor del pueblo argentino.”

La ley de abastecimiento data de 1974 y establece sanciones a las empresas que no suministren en forma normal productos que se consideren de primera necesidad. Pese a que el Presidente hizo referencia a su aplicación a través del Ministerio de Planificación, la norma dispone que el ámbito al que corresponde arbitrar las medidas para garantizar el abastecimiento es la Secretaría de Comercio. Entre las sanciones previstas por incumplimiento, la ley establece arrestos de hasta 90 días para los responsables, multas y clausura de hasta tres meses para los establecimientos que incurran en el delito.

Según la interpretación de la norma aplicada a las circunstancias actuales, las empresas refinadoras y comercializadoras de combustibles están obligadas a abastecer al mercado preservando sus niveles de participación. Esto supondría que, ante un aumento de la demanda como el actual, deberían acompañarla con un incremento en la oferta de productos. En caso de no contar con la producción suficiente, deberían importarlo.

Precisamente, ésta había sido la demanda que, a principios de esta semana, había planteado la Federación de Expendedores de Combustibles ante la Secretaría de Comercio. La denuncia de la entidad que agrupa a las estaciones de servicio a nivel nacional era que las refinerías y sus distribuidores estaban derivando el combustible para la venta directa a grandes productores y a la industria, “a un precio de 2 a 2,20 pesos el litro”, en detrimento del volumen que reciben los expendedores. En virtud de ello, reclamaron la aplicación de la ley de abastecimiento.

A los informes de Carbap de la semana pasada, dando cuenta de la escasez de gasoil en diversas zonas de la región pampeana, ayer se sumó la denuncia de la situación por parte de la Federación Agraria. La entidad que preside Eduardo Buzzi solicitó audiencia al secretario de Energía, Daniel Cameron, con el fin de reclamarle una urgente solución. “La falta de gasoil no es un problema aislado, sino que expresa la carencia en nuestro país de políticas estratégicas en materia de energía”, cuestionó la entidad agropecuaria. Con la firma de su vicepresidente, Pablo Orsolini, la FAA, tras puntualizar que “los inconvenientes por la falta de gasoil se han agravado en muchos puntos del país”, advierte que “si no aparece el gasoil, el campo se para”.

La semana pasada, desde el Ministerio de Planificación se había anticipado que estaba comprometido el abastecimiento de gasoil por parte de Venezuela. Ayer, sin embargo, desde esa misma cartera se eludió cualquier manifestación, tanto con respecto a la ley de abastecimiento como a la forma en que se resolverá la presente situación de escasez.

Las dos petroleras verticalmente integradas (desde la producción hasta la comercialización), Repsol y Petrobras, manifestaron su predisposición a importar gasoil, teniendo en cuenta que sus destilerías no cuentan con más capacidad instalada para aumentar la producción. Fuentes del sector estimaron como poco probable que algunas de las empresas de esta industria vayan a encarar inversiones en ampliación de planta de refinación en las actuales circunstancias. “Con el precio de los combustibles prácticamente congelados y la producción de petróleo declinando, la perspectiva es que en pocos años para refinar van a tener que importar a 70 dólares el barril. ¿Quién va a invertir en esas condiciones?”, razonan.

Allí está parte del problema: un mercado regulado a medias, donde las petroleras pueden seguir disponiendo como quieren de los recursos hidrocarburíferos, definiendo inversiones según sus conveniencias –aunque éstas no coincidan con el interés general–, pero sin poder volcar su posición dominante sobre los precios de los combustibles. Apenas un dique en el tramo final del negocio, pero que no garantiza un crecimiento armónico de la oferta con el resto de la economía. Como en otros eslabones de la cadena energética, el gasoil pone a prueba también la decisión del Gobierno para implementar cambios de fondo.