El viernes 8 de diciembre, para nuestra sorpresa y horror, nos topamos con el ex general y conocido represor Reynaldo B. Bignone en Cabildo y Mendoza, alrededor de las 20.30, mientras otro montón de gente miraba vidrieras y hacía preparativos para las próximas fiestas.

Llevaba puesto los mismos anteojos marrones con los que aparece en sus fotos más conocidas, un saco azul con botones dorados y una camisa a cuadros verde y blanca.

Ibamos a hacer la denuncia por violación de su prisión domiciliaria, cuando recordamos que este personaje, entre otras cosas, presunto coautor del plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura, responsable del Decreto Nro. 2726/83, que ordenó la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de personas en ese período, e involucrado en el Plan Cóndor, se encuentra en libertad desde diciembre del año pasado y además gozando de una pensión por su condición de “ex presidente” de unos 15.000 pesos que pagamos todos.

Si bien es cierto que todo imputado tiene derecho, por regla general, a esperar un juicio justo en libertad –ya que se presume su inocencia hasta tanto sea condenado–, también es cierto que los ex represores se benefician de las garantías constitucionales que ellos nunca les acordaron a los detenidos-desaparecidos. Necesitamos imperiosamente justicia. Da asco tal grado de impunidad. Tanto como ver al general Bignone paseando tranquilamente y haciendo “compras navideñas”.

Julieta Arosteguy D.N.I. Nº 25.366.693

Carlos Francisco Véliz D.N.I. Nº 26.881.917