El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, estudia crear a partir del 2007 un “sello de calidad de inmuebles” nuevos y usados. El objetivo es que todo comprador conozca exactamente en qué condiciones se encuentra el departamento que va a adquirir. “Queremos darle transparencia al consumidor para que sepa qué está comprando y no tenga que incurrir en gastos después porque el vendedor ocultó algo”, explicó un funcionario a este diario. La iniciativa seguramente generará polémica en el mercado inmobiliario. Porque es inevitable que el “sello” oficial con que se catalogue a cada inmueble impacte en las valuaciones de mercado. Un inmueble con mala nota probablemente cueste en el futuro menos que el valor pedido por estos días.

Desde hace unos tres meses, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de José Luis López, formó un equipo que viene trabajando con bajo perfil en el proyecto. Durante este tiempo, se iniciaron consultas con consejos profesionales de arquitectos e ingenieros, universidades, el INTI (Instituto de Tecnología Industrial) y el IRAM, el organismo encargado de la certificación de normas de calidad industrial. La semana pasada fueron informadas las instancias superiores del Ministerio de Economía, entre ellas la ministra Felisa Miceli.

El sello de calidad de los inmuebles “nuevos y usados” se realizaría en base a tres variables:

1. Seguridad en instalación eléctrica, de gas y agua.

2. Condiciones estructurales del edificio.

3. Indicador de “performance”, el cual incluiría una serie de elementos vinculados con las condiciones de vida en el inmueble: si cuenta con servicios de transporte cercanos, si está localizado próximo a un parque, luminosidad, etc.

Tomando en cuenta esos tres parámetros, surgiría una calificación que debería difundirse al momento de la puesta en venta del inmueble. E incluiría tanto a casas o PH como departamentos. Así, por ejemplo, un inmueble “triple A” tendría la mejor nota. Y un triple “D” la peor. Con todas las combinaciones posibles en el medio. Sin embargo, todavía no está definido cómo se asignarían los puntajes.

“Queremos transparentar la información en el mercado inmobiliario, para que el comprador no tenga que incurrir después en gastos por cosas que ocultó el vendedor”, señaló a este diario un funcionario de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. “Muchas veces recibimos denuncias o reclamos de gente que se siente estafada al comprar un inmueble. Sobre todo en el caso de los que compran una primera vivienda, en general a través de un crédito hipotecario”, agregó.

Según la fuente, “el sello no significa que un inmueble mal calificado deba cumplir con una serie de requisitos para calificar mejor. Será simplemente informativo. Si alguien quiere comprar un inmueble destruido lo podrá hacer, pero el sello va a reflejar exactamente esa condición”, explicó.

La medida promete generar polémica por su impacto en las valuaciones de mercado. Las inmobiliarias suelen ocultar fallas de obra, y otros defectos de los inmuebles para conseguir mejores precios. Pero más allá de los factores típicos que determinan el valor del metro cuadrado (localización y antigüedad), el sello de calidad oficial también tendrá su peso: dentro de un mismo barrio, un inmueble con mala nota probablemente cueste en el futuro bastante menos que el valor pretendido por estos días. “Sabemos que puede tener impacto en la valuación. Pero la comercialización de los inmuebles se realiza entre particulares, y sólo pretendemos que el mercado inmobiliario sea lo más transparente posible”, sostienen en despachos oficiales.

El “sello de calidad de inmuebles” es uno de los programas prioritarios que Defensa del Consumidor expuso la semana pasada ante la ministra Miceli, durante una jornada en la que el subsecretario José Luis López hizo un pormenorizado balance de gestión.

El documento oficial plantea como uno de los objetivos “implementar e implantar una reglamentación que establezca los parámetros que permitan determinar y comparar la calidad de inmuebles nuevos y usados en el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y de la ley 22.802 de Lealtad Comercial”.

Aún no se resolvió el instrumento legal de la medida. Pero podría implementarse por una resolución de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Tampoco está claro quién evaluaría y asignaría el sello a los edificios. Si técnicos oficiales o, como ocurre por ejemplo con las instalaciones eléctricas o de gas, arquitectos e ingenieros matriculados siguiendo la normativa de Defensa del Consumidor.

Otro interrogante no menor es quién costeará la evaluación de los inmuebles. Si se subcontratan profesionales independientes alguien deberá pagar los honorarios.