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EE.UU. perpetra desde 1980 su propio Plan Cóndor, que ha aplicado ya en una docena de países, incluso de América latina. El prestigioso periodista norteamericano Seymour Hersh, famoso por sus investigaciones del EE.UU. oculto, soltó la bomba en una mesa redonda realizada en la Universidad de Minnesota: existe una “red de ejecución de asesinatos” que cometen tropas de elite y que en su momento concertaba sus operativos directamente con el vicepresidente Dick Cheney, sin pasar por sus mandos naturales. Se ignora si continúa en funciones desde la asunción de Barack Obama.

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés), nombre oficial de la red, se dedica a lo que piadosamente se llama “ejecuciones extrajudiciales”, y un silencio de plomo rodea sus actividades. A veces se agrieta: el New York Times (10-3-09) informó que el vicealmirante William H. McRaven, jefe del JSOC en Afganistán, había ordenado suspender los asesinatos de presuntos talibán en razón del elevado número de inocentes muertos en cada uno de la docena de operativos semanales que llevaba a cabo. En diciembre del año pasado –un ejemplo–, sus efectivos habían pasado a mejor vida a seis policías afganos y a un civil en la provincia sureña de Zabul. Talibán muertos, ninguno. Y la suspensión duró poco.

Interrogado sobre el tema, John Hannah, ex asesor nacional de seguridad de Bush-Cheney, explicó que el JSOC apuntaba a quienes habían cometido “actos de guerra contra EE.UU., que están en guerra contra EE.UU. o son sospechosos de planear operaciones de guerra contra EE.UU.” (Democracy Now, 4-3-09). Esto no explica por qué, además de Irak y Afganistán, países donde efectivamente EE.UU. está en guerra, el JSOC ha intervenido en Perú, Colombia, Centroamérica, Yemen, Eritrea, Madagascar o Kenia, según las investigaciones de Hersh. Nadie ha encontrado evidencias de que los talibán anden por esos lares.

La independencia de acción del JSOC es tal que no informa de sus actividades, no digamos ya a los gobiernos extranjeros del caso, tampoco a los embajadores norteamericanos ni a las estaciones locales de la CIA, generalmente encargadas de las operaciones encubiertas. “Se supone que matan a personas que figuran en una lista de sospechosos de pertenecer a Al Qaida, o de tener vínculos con ésta, o de ser antiestadounidenses”, precisó Hersh. El presidente Gerald Ford firmó una orden ejecutiva en los ’70 prohibiendo esta clase de crímenes. Pero los ’70 están lejos y W. Bush siempre pensó que no tenía por qué rendir cuentas al Congreso de estos y otros actos anticonstitucionales.

Se recuerda que en el Mensaje sobre el estado de la Unión que emitiera en el 2003, W. Bush habló de los progresos logrados en la lucha “antiterrorista” y mencionó que se había capturado a más de tres mil miembros de Al Qaida y/o sospechosos de serlo. El entonces presidente de los EE.UU. agregó, con la sonrisita que lo caracteriza: “Y permítanme decirles que algunos de ellos no estarán en condiciones de operar nunca más. Lo puedo asegurar” (www.cnn.com, 29-1-03). ¿Cuántos ejecutados habrán sido de Al Qaida, cuántos no? A saber. Un informe interno de la CIA del año 2002 estimaba que la mitad de los detenidos en Guantánamo, y posiblemente más, nada tenía que ver con acciones contra EE.UU.

El ex vicepresidente norteamericano Walter Mondale compartió con Seymour Hersh la mesa redonda en la Universidad de Minnesota. Ambos se refirieron a las características de la intoxicación que el ejercicio del poder ejecutivo causa en los presidentes norteamericanos, teóricamente limitados por el Congreso y la opinión pública, que los lleva a ordenar acciones encubiertas que exceden el mandato que les otorga la Constitución (www.alternet.org, 6-5-09). Mondale y Hersh no ahorraron duras críticas al gobierno anterior. “Fue extraordinario el desprecio que la Casa Blanca de Bush-Cheney propinó al Congreso”, opinó Hersh. “Lo bueno de nuestro sistema –agregó– es que eventualmente elegimos nuevos gobernantes (pero) lo que me resulta asombroso es cómo conseguimos líderes tan malos de manera constante.” En efecto, es asombroso.

Más de 100 afganos murieron el miércoles pasado a consecuencia de un bombardeo de la fuerza aérea estadounidense en la provincia de Farah (AFP, 6-5-03): se afirmó que unas 25 de las víctimas serían talibán. Se trata de la mayor matanza de civiles desde agosto del 2008, cuando –según investigó la ONU– otro ataque aéreo en la provincia de Herat terminó con la existencia de más de 90 pobladores. EE.UU. negó esta denuncia durante meses y terminó admitiendo que era cierta, pero subrayó que la acción fue legítima. El JSOC hace su trabajo y los ocupantes de Afganistán, también. Cada cual a su manera y a su escala.