Desde Tucumán

Con la intervención de los tres poderes del Estado de las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, ayer se firmó un acuerdo para trabajar en conjunto en uno de los problemas sociales centrales del NOA argentino, como es la violencia doméstica. Según lo rubricado por los gobernadores José Alperovich (Tucumán), Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manuel Urtubey (Salta), los Estados provinciales deberán garantizar a las personas en riesgo la cobertura social y judicial ante un intento de violencia dentro del ámbito del hogar. Jujuy adhirió al acuerdo, aunque no estuvo presente el gobernador Eduardo Fellner.

Los funcionarios, en diálogo con la prensa, fueron claros al aseverar que “cuesta llevar este tipo de denuncias a las comisarías”, ya que en muchos casos, “los propios policías desconocen cómo accionar ante problemas familiares”. Uno de los invitados al encuentro, el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo Lludgar, lamentó que las manifestaciones de la violencia familiar no lleguen a conocimiento de las autoridades sino cuando se han consumado hechos graves, “hasta de carácter aberrante en muchos casos”, lo que obliga a “facilitar el acceso a la Justicia” de las víctimas y “elaborar estrategias preventivas”, subrayó.

El presidente de la Corte Suprema tucumana, Antonio Gandur, destacó que “esta acta es una prueba irrefutable de la importancia que adquirió la violencia doméstica, que antes era aceptada en forma natural en las sociedades patriarcales y que recién a partir de los años ’80 se manifestó gravemente a través del síntoma del niño maltratado. Por suerte, la mujer logró sacar a luz un problema que estaba reservado al ámbito privado. Paulatinamente se rompió la indiferencia institucional y el hecho de ver esto como un mero problema de género, para abordar soluciones desde lo social”, subrayó el magistrado.

La provincia que más suministró datos sobre el problema de la violencia familiar fue Salta, ya que, en la actualidad, en el Distrito Judicial del centro salteño funcionan seis Juzgados de Personas y Familia que atienden casos de violencia familiar, que permite la coordinación de acciones para proteger a las víctimas. Durante la primera quincena de abril, según un relevamiento integral de la Corte de Justicia de Salta, 924 personas resultaron víctimas de la violencia intrafamiliar. “El año pasado se iniciaron 22.527 causas por violencia familiar en Salta, mientras que en 2007 fueron 17.533”, asegura el informe.

El acuerdo firmado permitirá que los poderes de las tres provincias concreten actividades conjuntas de investigación, capacitación, difusión y promoción para facilitar el acceso a la Justicia de quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad o que hayan padecido episodios de violencia doméstica. Asimismo, los funcionarios judiciales se comprometieron a intercambiar información, estadísticas, bancos de datos, bibliografía y estudios, así como encararán cursos y seminarios de formación sobre el tema para magistrados, funcionarios y empleados, para lograr mayor ejecutividad y efectividad en el tratamiento de las causas.

Tucumán tiene vigente el Régimen de Protección y Asistencia a la víctima de violencia familiar (ley 7.029) desde el año 2000, que tiene artículos que todavía no se llevaron a la práctica y otros que hace poco tiempo comenzaron a cumplirse, como por ejemplo que cualquier tucumano disponga de “líneas telefónicas gratuitas que funcionarán las 24 horas del día, a fin de recibir denuncias de violencia familiar”.