Al estupor inicial por las revelaciones sobre Armando L. y sus víctimas, se sumó una nueva acusación pública en su contra: M. L., una hija que el acusado habría tenido en un matrimonio previo al actual, declaró a un diario mendocino que su padre la violó cuando era niña, al igual que a dos de sus hermanas. El caso habría sido denunciado por su madre ante la Justicia en 1977, aunque la causa penal no prosperó. Los dichos de M. L. aún no forman parte de ningún expediente. Se sumó la tensión por el anuncio de una conferencia de prensa que, finalmente, no fue. G. L., el hermano de la mujer que es madre de siete niños engendrados a lo largo de más de veinte años de violaciones a las que la sometió su propio padre, había convocado el encuentro con los medios para descomprimir la presión que siente desde que el caso saltó a la luz, el viernes pasado. Sin embargo, a poco de la hora señalada, una resolución de Elsa Galera, titular del Juzgado Quinto de Familia, ordenó su cancelación en resguardo de la privacidad de los niños. Las noticias, sin embargo, han tenido por efecto inmediato un incremento en las consultas y denuncias por maltrato infantil en Mendoza (ver aparte).

Al comenzar la mañana de ayer, G. L., el hermano de la mujer víctima de violaciones durante más de veinte años que formalizó la denuncia penal contra su padre, confirmó que brindaría una conferencia de prensa a las 11, en el Salón Azul de la Legislatura, y que lo acompañarían el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús; el titular de la Comisión de Derechos y Garantías, Ricardo Puga, y la senadora Alejandra Naman. Sin embargo, poco antes de su concreción, la jueza Galera ordenó suspenderla, en nombre de la protección que el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño brindan a los menores de 18 años que se encuentren en peligro moral o material. De esa manera, y al solicitar a los medios que se abstengan de brindar nombres de los involucrados o detalles que puedan permitir su identificación, Galera procuró brindar amparo a los siete hijos de la víctima, cuyas edades van de los 2 a los 19 años.

De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, el hermano se encontraría atemorizado por las posibles consecuencias que la causa penal pueda tener sobre su vida y la de su familia en el futuro inmediato, pero también a mediano plazo. “Al muchacho hay que resguardarlo, no se siente bien en este momento”, contó Naman en diálogo con Página/12. Ricardo Puga, el diputado titular de la Comisión de Derechos y Garantías, también involucrado en la realización de la denuncia, agregó que G. L. está, además, preocupado “por su intimidad y la protección de su familia”. El hermano de la denunciante “sostiene que familiares de Armando L., es decir de su papá, son muy agresivos y que él o sus hijos podrían sufrir un ataque”, por lo que pide protección y contención al Estado. La víctima, por su parte, se encuentra a resguardo y protegida. Trascendió, por lo demás, que también G. L. habría prestado declaración ante el fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio el lunes, durante dos horas.

A los datos ya conocidos públicamente, se sumó ayer la declaración que una mujer de 40 años, hija del acusado, realizó ante la prensa mendocina: “Me violó cuando tenía 8 años y se cansó de manosearme durante mucho tiempo. También violaba a mis hermanas”. La mujer, que definió a su padre como “perverso”, es hija del primer matrimonio del acusado, uno que se formó cuando él, de 22 años, trabajaba de colectivero y formó pareja con una adolescente de 13 que “no tenía padres y vivía con sus tíos”. Con esa mujer tuvo ocho hijos, y fue ella quien lo echó de la casa familiar cuando fue alertada por sus hijas de las situaciones de abuso. Hasta entonces, él las amenazaba con un arma para que guardaran silencio. “No sé dónde está la Justicia. Mi mamá lo denunció y nadie hizo nada para terminar con esto. Toda esta situación se podría haber evitado si lo hubieran detenido” en su momento, agregó.

Armando L. se encuentra “en una celda aislada en resguardo de su integridad”, según informó su abogada defensora, Silvina González, que también dio a conocer que su cliente reconoce haber abusado de la denunciante, “pero no menciona intento de abuso contra otra de sus hijas, como había trascendido”.