Familiares de víctimas de la última dictadura, organismos de derechos humanos y diputados nacionales impugnaron ayer la candidatura del ex subcomisario Luis Patti, preso en la cárcel de Marcos Paz con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad y a disposición del Tribunal Oral Federal de San Martín, que debe juzgarlo en los próximos meses. El represor se postuló para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como cabeza de una lista de duhaldistas, menemistas y miembros del Modín. La nueva candidatura del ex intendente de Escobar se produce después de catorce meses en los que el Congreso de la Nación no reunió el quórum necesario para tratar un proyecto de ley de la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, que inhabilita a imputados en graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos.

Las presentaciones ante la secretaría electoral nacional, a cargo del juez federal platense Manuel Blanco, fueron formuladas por los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, las hermanas de Osvaldo Cambiaso y los hijos de Gastón Gonçalvez, los tres asesinados durante la dictadura en operativos vinculados directamente con Patti. Patrocinaron el pedido los abogados Ana Oberlin, de Hijos; Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Pablo Llonto. Por otra parte, lo impugnaron los diputados nacionales oficialistas Remo Carlotto y Diana Conti, y Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, con el patrocinio de los abogados Luciano Hazán, María Laura Durandeu y María Eva Asprella.

A mediados de abril, los abogados de Patti solicitaron a la justicia electoral una “acción declarativa” que confirmara la idoneidad del represor para postularse a un cargo. El juez Blanco le negó el cheque en blanco y explicó que sólo podría pronunciarse en el caso de que Patti se presentara y la sociedad civil lo impugnara, como ocurrió ayer. Los escritos reiteran que el ex intendente de Escobar carece de “las calidades exigidas por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos” para presentarse como candidato y subrayan la obligación contraída por el Estado, a partir de la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2000, para evitar que personas sospechadas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a cargos públicos. Destacan que la falta de una condena firme “debe evaluarse en el contexto de excepcionalidad argentino”, donde la falta de investigación y sanción penal producto de las leyes alfonsinistas y los indultos menemistas “generaron un marco de impunidad y privación de justicia por casi 30 años”. Los impugnantes detallan los hechos por los que Patti será juzgado, solicitan la producción de nuevas medidas y piden a Blanco que convoque a una audiencia pública para que los votantes “puedan ejercer su derecho con la debida información”, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Sus Señorías

Si bien las posibilidades reales de asumir como diputado son prácticamente nulas, los últimos antecedentes fueron favorables para el torturador. En 2007, con votos de Juan Carlos Hitters, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Petiggiani, Federico Domínguez y Carlos Natiello, la Corte Suprema de Justicia bonaerense confirmó una resolución de la Junta Electoral que desestimó mecánicamente un planteo de familiares de víctimas de Patti para impedir su candidatura a la gobernación de la provincia. El candidato se presentó y obtuvo 171.667 votos, equivalente al 2,45 por ciento de los electores.

En abril de 2008, previo dictamen favorable del procurador general Luis Santiago González Warcalde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la decisión de la Cámara Nacional Electoral que había invalidado la exclusión del represor en la Cámara de Diputados en 2006. Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni opinaron que el Congreso se había excedido en sus facultades de contralor y que no le correspondía realizar valoraciones sobre la idoneidad ética de sus miembros. Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Maqueda, en disidencia, consideraron válida la exclusión en virtud de normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, que obligan al Estado argentino a adoptar medidas para que responsables de graves violaciones a los derechos humanos no permanezcan ni ingresen a la función pública.

En la práctica, la decisión de la Corte derivó en la suspensión de la prisión preventiva de Patti durante ocho días. El 24 de abril a la madrugada, por 196 votos a favor, nueve en contra (PRO, Recrear, los demócratas mendocinos, dos radicales y un Paufe) y once abstenciones (ocho de la UCR y tres del Frejuli de Rodríguez Saa), Diputados aprobó el desafuero, privó a Patti de la inmunidad con la que pretendía burlar a la Justicia y la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar su detención.

Aun si la Justicia electoral mantuviera su criterio de ignorar los motivos de la impunidad, rechazara las impugnaciones y Patti fuera electo, es improbable que logre asumir. El Tribunal Oral Federal de San Martín, que aún no fijó fecha pero tendría previsto juzgar a Patti & Cía. cuando concluya el primer juicio por Campo de Mayo, debería en tal caso analizar los planteos de los defensores del policía para que consiga fueros y por ende impunidad. Aun si el TOF concediera el pedido, el desafuero se trataría en diciembre el Diputados.

Congreso en deuda

El proyecto de Victoria Donda para inhabilitar a personas sobre quienes pesan graves sospechas de haber participado en delitos de lesa humanidad se presentó en marzo de 2008, pero nunca llegó al recinto. Debió tratarse en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y, por último, Derechos Humanos y Garantías. Nunca llegó a discutirse en la primera, por falta de quórum. “Ahora estamos pidiendo una reunión conjunta de las tres comisiones, ya que es un proyecto consensuado, para tratarlo directamente en la próxima sesión”, explicó ayer Remo Carlotto, que impugnó a Patti en 2005 y 2007.

El diputado explicó que “el proyecto está consensuado pero no pudo tratarse y carecemos de la legislación que impida que estos personajes se presenten”.

–Si había consenso, ¿por qué no trató?

–Hay que preguntar a quienes tenían a cargo el tratamiento legislativo. Desde el Frente para la Victoria pusimos toda la voluntad, Gerónimo Vargas Aignasse y yo. En período preelectoral es complicado conseguir quórum, pero la decisión política está, es parte de la política de derechos humanos del Gobierno. Somos firmantes del proyecto, lo impulsamos, trabajamos para buscar una síntesis con otros proyectos. No se pudo aprobar, pero no lo vinculo a intencionalidad política del bloque sino al funcionamiento de las comisiones, a la dificultad para conseguir quórum. Pero el compromiso del Frente para la Victoria está.