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Hace una eternidad, once meses argentinos, los diarios informaban, en notas no demasiado extensas, la noticia de un secuestro. No se trataba del pariente de un jugador de fútbol o de un actor, ni de un empresario ni de nadie influyente. Era un chico de 17 años, vecino del barrio El Jagüel, cercano a Ezeiza. Un chico pobre. Los padres y los amigos de Diego Peralta, el secuestrado, hicieron lo imposible por atraer hacia el caso la máxima atención posible, pero el nombre de Diego Peralta recién saltó a las tapas de los diarios el 13 de agosto, cuando su cadáver apareció degollado en una laguna de Quilmes. Y tampoco fue su horrible muerte lo que atrajo sobre ese nombre la fascinación mediática que explotó ese día y siguió durante todo ese mes. El caso Peralta fue noticia por la reacción popular de los vecinos de El Jagüel ante la confirmación del asesinato: incendiaron la comisaría del barrio, no permitieron el paso de los bomberos, fueron reprimidos con balas de goma, se mantuvieron toda una noche en la calle. Inauguraron lo que en estos días, en Arequito, en Arrecifes, en Lanús y en otros tantos lugares inesperados, se da en llamar “puebladas”. Catarsis colectivas de indignación embarazadas de un saber que no necesita explicaciones: la omisión en la investigación implicaba complicidad. La inacción policial encubría nexos opacos y siniestros con el crimen.
Hace esa eternidad, once meses argentinos, el caso Peralta puso sobre la mesa, con aquel estallido de rabia colectiva, la sospecha generalizada sobre los negocios turbios de la Bonaerense. Pero quien esa misma semana llevó el tema a un borde insoportable para aquella coyuntura electoral –hace un año todavía Duhalde coqueteaba con De la Sota; los duhaldistas de la provincia querían sacárselo de encima a Felipe Solá; Juan Pablo Cafiero en el Ministerio de Seguridad bonaerense era una especie de demonio garantista que cada noche era atacado desde la pantalla de Canal 9 y desde el éter de Radio 10– fue el entonces viceministro de Cafiero, Marcelo Saín. Sin referirse puntualmente al caso Peralta, pero sí en su contexto, declaró que el cáncer policial estaba íntimamente vinculado al cáncer político. “Existe un vínculo histórico entre la policía provincial y la política. Nadie puede negar el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución. No hay posibilidad de que funcionen sin el amparo de la política”, dijo entonces.
Está visto que hay verdades fuera de tiempo y lugar, y a esas verdades se les suele llamar “errores políticos”. Sopló un vendaval sobre Saín. Duhalde lo llamó Caín. El entonces secretario general de la Presidencia y actual ministro del Interior, Aníbal Fernández, opinó que lo de Saín eran “estupideces”. Los caciques duhaldistas presionaron sobre Solá para echar al viceministro. La cúpula policial de entonces se atrincheró bajo las banderas de su honorabilidad. La cúpula policial de entonces, cabe aclarar, estaba encabezada por Alberto Sobrado, el mismo comisario mayor que la semana pasada fue echado de su cargo tras no poder explicar el origen de una gruesa cuenta bancaria en las Bahamas.
Como Sobrado no lo explica, se deduce: ¿qué otro origen puede tener ese dinero sino el delito? Esta semana desfilaron por todos los programas de televisión Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero para hablar de seguridad y explicar por qué han decidido, ahora, atacar el delito por su base, es decir, por la complicidad policial. El domingo, Mariano Grondona le dijo a Solá: “Gobernador, voy a hacerle una pregunta brutal”. Tenía razón, la pregunta era brutal pero era, además, siniestra. Preguntó si no estábamos mejor en los tiempos de Klodczyk y su maldita policía, que podía ser corrupta (era obviamente corrupta), “pero ponía un límite, decía: acá no maten”. Tanto Solá como Cafiero se extendieron –más Cafiero que Solá– sobre posibles connivencias políticas con el delito policial. El delito que mayor muertes provoca es el robo de autos. El robo de autos está en conexión con el negocio de los desarmaderos (ésa era una de las hipótesis del caso Peralta). “Buscamos desarmaderos, los detectamos, pero si un intendente los habilita...”, deslizó Cafiero.
¿Qué otra cosa están diciendo sino que el delito policial “no tiene oportunidad de funcionar sin el amparo de la política”, como afirmaba hace un año Saín? Aquel viceministro ya no está en su puesto. Renunció en enero, tras presentar un plan de modernización policial que no le interesó a nadie. En él, señalaba además que “la lucha contra la delincuencia desarrollada por la policía ocupa una porción asombrosamente baja del tiempo y del esfuerzo de la propia institución”, porque las prácticas policiales “han estado orientadas hacia la reproducción y preservación de la institución policial”. Es castellano, fachada y transa.
En términos políticos es probable que hace un año este país no estuviera a la altura de ciertas verdades. En términos políticos es probable que tanto Solá como Cafiero hayan pensado siempre como esta semana, sólo que “el acierto político” –opuesto al “error” de la verdad– los haya hecho demorarse, esperar la oportunidad, juntar fuerza, apoyo presidencial, clima social propicio para atacar el problema por su origen.
En aquel plan de modernización que no llegó a interesarle a nadie, Marcelo Saín incluía una frase de Max Weber que decía que sólo se consigue lo posible “si se intenta lo imposible una vez, y otra vez”. Este año que pasó vivimos un proceso de desnudismo social e institucional que cada día nos acerca más a un presente módicamente más feliz pero increíblemente más maduro, en el que la política circula por un andarivel vecino a la verdad. Cuando los que dicen la verdad y los que hacen política sostengan una misma cosa, es probable que algo haya cambiado en serio.