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Los organismos franceses de defensa de los Derechos Humanos y los familiares de los franceses desaparecidos en la Argentina pidieron al gobierno francés que intercediera ante el presidente Néstor Kirchner, para encontrar una solución al problema de las causas en curso. En dos entrevistas sucesivas con los consejeros del presidente francés, Jacques Chirac, y el primer ministro, Jean Pierre Raffarin, los abogados y los familiares pidieron que se nombrara un mediador del lado francés y del lado argentino “para aclarar la suerte final, el destino, de los franceses desaparecidos”, según explicó a Página/12 la abogada de las familias francesas, Sophie Thonon.
La abogada precisó haber solicitado que, en el marco de las entrevistas que Jacques Chirac y Jean Pierre Raffarin mantendrán con el mandatario argentino en el curso de su visita a Francia –15 y 16 de julio– “el gobierno francés presione para decir que se tienen que ejecutar los pedidos de la justicia francesa”. Concretamente, Sophie Thonon exigió “que se pida la detención y la apertura de un juicio de extradición de Alfredo Astiz, Osvaldo Riveiro, responsable de la aplicación del Plan Cóndor en Buenos Aires, y Jorge Olivera”. Los familiares y los abogados esperan que, cuando entre octubre y diciembre de este año lleguen a la Argentina las órdenes de captura emitidas por el juez Gérard Cadeo, Buenos Aires detenga a los inculpados e inicie el consiguiente juicio de extradición. Quienes siguen de cerca el caso de los franceses desaparecidos en la Argentina parecen temer “un engaño” por parte del actual gobierno.
En ese contexto, en el curso de las audiencias con los representantes de la Presidencia y el Gobierno, los abogados advirtieron que “no se dejaran engañar con la derogación del famoso decreto De la Rúa, el decreto Riveiro”. Fuentes de los Derechos Humanos alegan en París que Buenos Aires presenta esa derogación “como una vitrina de la lucha contra la impunidad”. Sin embargo, la doctora Thonon aclaró a Página/12 que detrás de esa vitrina “se está negociando la reforma del Tratado de Ayuda Judicial Penal Internacional”. Dicho Tratado, explican en París, dice que, actualmente, cuando un pedido de orden de captura llega a la Argentina, “el juez argentino tiene que detener a la persona requerida”. Los abogados señalan hoy “que ahora se busca cambiar ese verbo, tiene, por la expresión puede detener. Según ellos, el cambio entre ‘tiene’ y ‘debe’”, abriría “un campo de apreciación y de presiones”. Con lo cual, Sophie Thonon afirmó haberles señalado a sus interlocutores franceses que no aceptaran que “se cambie ni una letra, ni una coma, ni un punto, de ese Tratado de Ayuda Penal Internacional”. Por otra parte, la asociación France Amérique Latine y Amnistía Internacional pidieron una audiencia con el presidente argentino a fin de plantearle una serie de exigencias sobre los desaparecidos y el respeto de los Derechos Humanos.