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El Consejo Federal de Seguridad en el Fútbol, el organismo cuya creación anunció anoche el ministro del Interior, Aníbal Fernández, intentará que los avances logrados en el control de la violencia en la Capital se trasladen al resto del país. La decisión se tomó durante una reunión de media hora que el funcionario mantuvo anoche con el director del Programa de Seguridad para Espectáculos Futbolísticos, Javier Castrilli. “Hoy el fútbol es una guerra y no un juego –afirmó anoche el ex árbitro–. Los que viven de ser barrabravas deben ser echados del medio. Y para ejemplo basta con ver que el Estado se pone a la cabeza en esta cruzada.”
Es que la crónica policial volvió a mimetizarse con la deportiva y el Estado, como un bombero presuroso, corrió a apagar el fuego. Dio el primer paso: detuvo a revoltosos, reprimió con gas lacrimógeno y utilizó la tecnología audiovisual en la que invirtieron los clubes. Anoche decidió la creación de este organismo que, según Castrilli, tiene “la necesidad imperiosa de articular los trabajos de información, de traslado de simpatizantes y de cobertura a todo el accionar policial para tener un apoyo político”. Hacia el futuro inmediato, proyecta cambiar sus antídotos contra las barras bravas en las tribunas (ver recuadro).
La decisión de llevar al plano nacional lo que se estaba realizando en el ámbito de la capital motivó el entusiasmo de Castrilli: “Esto es algo por lo que veníamos bregando y tenemos que ponernos de acuerdo para que en todas las provincias se aplique de la misma manera la ley de violencia en el fútbol”.
El tema territorial no es menor. Oscar Ciruzzi, fiscal general de una Unidad de Investigación de Delitos Futbolísticos no del todo consolidada, explica una razón: “Hay una superposición de competencias y de normas. Tanto en el plano de las jurisdicciones como de los fueros que intervienen”.
La cuestión de las competencias quedó clara en una de las últimas reuniones del Comité de Seguridad. Allí, el representante de Juan José Alvarez, máximo funcionario del área designado por Aníbal Ibarra tras la tragedia de Cromañón, habría intentado delimitarle su campo de acción a Castrilli. Una fuente lo graficó a partir de una anécdota: el gobierno porteño no quería jugar de noche Nueva Chicago-Ferro, hace un par de fechas, pero el encuentro se disputó igual. Jorge Luis Cevasco, un ex juez que ahora se desempeña como fiscal general adjunto de la ciudad de Buenos Aires, afirma que “la gente de Castrilli funciona por un decreto nacional y hay una invasión de jurisdicción. Sin embargo, en la práctica actuamos de modo coordinado”. Cevasco sostiene desde hace años una controvertida idea que, en parte, vincula la violencia futbolística con el considerable conjunto de equipos que juegan los campeonatos de Ascenso en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. “Es absurda una cantidad de clubes semejante. Porque cuando todos los fines de semana hay decenas de partidos, lo demás pasa a ser secundario y se debe cubrir un movimiento de hinchas inabarcable. Los dirigentes me dan la razón cuando lo comento, pero razones políticas impiden un cambio...”.
Para su colega Ciruzzi, “el problema es que no hay gente disponible en la Justicia para atender estos temas. En mi unidad de investigación, sólo somos el fiscal Pablovsky, yo y un par de colaboradores. Por eso, hemos pensado reestructurarla”.
Un panorama que dispara el siguiente pensamiento que alguna vez divulgó Antonio Gramsci, casi como una recomendación: “Ser pesimista de la razón y optimista de la voluntad”.
Por ahora, acaso baste con eso.