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La alegoría permite describir la remoción de su señoría. Rodolfo Herrera escuchó el golpe del martillo que cae sentenciando al reo y no los socios de Ferro Carril Oeste que temen por su club y las tierras que, el ahora ex juez, pretendía vender haciendo lo que había denominado “mi negocio”. El Consejo de la Magistratura lo destituyó el lunes 14 por tres cargos que se le formulaban aunque, sólo en uno, hubo unanimidad de los nueve miembros del Tribunal para desplazarlo: la administración de la quiebra en la centenaria institución de Caballito. El fallo abre la posibilidad de que se lo condene en un par de causas penales e incluso, ya sin fueros, hasta podría ir preso. Pero esa no es la única consecuencia que se vislumbra a futuro. Entre los asociados madura la idea de que, tarde o temprano, caerán la licitación y el contrato que le permitieron al empresario Gustavo Mascardi gerenciar a la entidad que se convirtió en modelo deportivo durante los años ’80.
“Queremos demostrar que, tal como fue instrumentada, la licitación y los términos abusivos del contrato de gerenciamiento son truchos...”, describió Gerardo Pardo, un socio vitalicio de Ferro. Abogado de profesión, Pardo, junto a otros profesionales, formuló una serie de denuncias contra el juez depuesto y hasta pidió que se le impidiera salir del país, porque teme que Herrera se convierta en prófugo. El rechazo a esta petición del juzgado de instrucción Nº 10, a cargo del doctor Alejandro Cilleruelo, no disminuye en absoluto las responsabilidades que le cabrían al ex magistrado en las dos causas que se tramitan allí: la 74.845/03, por los delitos de cohecho agravado, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y administración fraudulenta, y la 9385/04, por enriquecimiento ilícito.
Por el contrario, la destitución de Herrera podría afectar de algún modo a otros hombres clave en la actualidad de Ferro, como Gustavo Mascardi, su padre Emilio –el presidente de Gerenciar SA– y Jorge Gallelli, el representante que tiene el club ante el Tribunal de Disciplina de la AFA. Un personaje disciplinado, valga el juego de palabras, a las directivas del ex juez y el poderoso empresario futbolístico, ya que revistó hasta hace un tiempo en el staff de la empresa. El juzgado Nº 10 pidió los teléfonos de los tres para realizar un cruzamiento de llamadas y acreditar, como es necesario, los pasos que llevaron a desembocar en el contrato renovable de gerenciamiento por 27 años. Una magnífica garantía jurídica traspasable a un par de generaciones de Mascardi.
Mientras se cumplen estas diligencias judiciales, el principal referente de Gerenciar mantiene una propuesta por escrito para hacerse cargo de Talleres de Córdoba –el último de los clubes que quebró en el fútbol argentino– en el juzgado civil y comercial Nº 13 de esa provincia. Pese a que Gustavo Mascardi desaceleró en parte el interés en extender sus negocios a la Docta, el diario La Voz del Interior informó el martes pasado que, entre las distintas presentaciones que se le hicieron llegar al juez Carlos Tale, están las de “Gustavo Mascardi, Carlos Granero, Gustavo Arribas-Fernando Hidalgo, Roberto Bustamente (dueño de Sebastián Carrizo) y Hugo Issa (allegado a Tinelli)...”.
La cuestión es que el actual gerenciador de Ferro está impedido de hacer lo propio en Talleres porque se lo prohíben ciertas normas de la AFA que, por lo general, no son respetadas. Esas que dicen cómo una sociedad anónima que controla determinado club no puede administrar a otro que compite en la misma categoría. Ferro y los cordobeses disputan hoy el campeonato de la B Nacional. Y tratan de regresar a Primera División, pese a su delicada situación económica. Mascardi, quien es obvio conoce esta traba, apostó una ficha a la quiebra de Talleres y los discutibles negocios que reportarían sostener su fútbol y pagar un pasivo que aún no se sabe si está más cerca de los 20 o de los 30 millones de pesos. Obligación de la que en Ferro fue relevado, gracias a los buenos oficios del doctor Herrera.
Esa gravosa determinación de su señoría para los intereses del club resultó un motivo de sobra para que Margarita Braga, la jueza que lo reemplazó en el cargo, dictaminara la nulidad del contrato. Nulidad que apeló Mascardi y que la Cámara respectiva deberá resolver algún día.