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Con un comunicado que lamenta el conflicto generado en torno del obispo Antonio Baseotto, critica que el caso “no haya sido atendido con la prudencia que merecía”, deplora la “apresurada y unilateral” decisión del Gobierno de privar al ordinario castrense del acuerdo que le había otorgado en 2002 y hace un llamado al diálogo para una “pronta solución” al incidente, la Comisión Permanente del Episcopado rompió su silencio de los últimos días. La declaración de apenas veinte líneas es de una cuidada redacción que, si bien deja sentado el desacuerdo con la decisión adoptada por el Gobierno, evita el respaldo a Baseotto y deja abiertas las puertas para las negociaciones. Entre tanto, desde Roma, el vocero oficial del Vaticano, el periodista Joaquín Navarro Valls, aseguró que en el caso de que se le impidiera al obispo castrense el ejercicio de su ministerio pastoral, es decir, de la atención religiosa de los militares, esto podría configurar “una violación a la libertad religiosa”. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, negó que fuera así.
Después de varias semanas de iniciado el conflicto desde que Baseotto le mandó una carta al ministro Ginés González García criticando sus posturas sobre el aborto y utilizando una frase bíblica que hizo recordar a las prácticas de los “vuelos de la muerte” realizados durante la dictadura militar, ésta es la primera vez que el Episcopado como tal se pronuncia sobre el caso. Hasta el momento los obispos habían elegido el silencio, lo que por unos era interpretado como el aislamiento de Baseotto y para otros un respaldo o, por lo menos, cierta complicidad con los dichos del obispo castrense. El martes, al iniciarse la reunión de la Comisión Permanente que preside el arzobispo de Rosario, Eduardo Mirás, los obispos católicos prefirieron ratificar su posición histórica contra el aborto, evitando toda referencia a Baseotto.
Pero la cúpula del Episcopado quedó desairada cuando el miércoles por la tarde trascendió la noticia de que el embajador del Vaticano, el nuncio Adriano Bernardini, se había reunido el lunes con el ministro de Defensa, José Pampuro, para transmitirle en forma verbal un supuesto apoyo de la Santa Sede a Baseotto. Bernardini, que participó de la reunión de la Comisión Permanente, no informó a los obispos de este hecho y luego, en un comunicado, tampoco sostuvo tal respaldo, sino que se limitó a admitir que en la reunión se habló del tema en un “clima sereno y cordial”. La reacción oficial llegó el viernes, cuando a través del canciller Rafael Bielsa y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo dio a conocer que retiraba su confianza en el titular del obispado castrense.
A través del comunicado conocido ayer y que dice interpretar “el sentir de todos los obispos de la Argentina”, la Comisión Permanente “lamenta que desde su inicio y hasta el momento, este conflicto, librado a la competencia de los medios, no haya sido atendido con la prudencia que merecía”. Dada la generalidad –ciertamente buscada– de la afirmación, resulta difícil establecer a quien se atribuye tal falta de “prudencia”, aunque sea obvio suponer que no se trata de una autocrítica, sino que los obispos piensan que ha sido el Gobierno quien no actuó de tal manera. “Todo eventual problema se resuelve constructivamente a través del diálogo –dice el comunicado– que evita agudizar las contradicciones y activa los posibles caminos de solución.” Y agrega que “nunca deberíamos abandonar ese itinerario que produce armonía y que casi siempre desemboca en compromisos fecundos, en lugar de alentar disputas estériles que algunas veces responden a intenciones encubiertas”. Tampoco sobre este punto existen más aclaraciones, pero en varios diálogos privados algunos de los obispos consultados advirtieron que en este caso la falta de diálogo no sólo puede atribuirse al Gobierno, sino al propio Vaticano, que actuó dejando de lado al episcopado local y situándolo en una incómoda posición.
Mientras tanto, en Roma, el vocero Navarro Valls, hombre encuadrado en las filas del Opus Dei, informaba que el gobierno argentino aún no ha remitido una comunicación oficial sobre la determinación tomada con el obispo Baseotto y explicó que “si se impide ejercer el ministerio pastoral a un obispo legítimamente nombrado por la Santa Sede según las normas del derecho canónico y los acuerdos vigentes, nos encontraríamos frente a una violación de la libertad religiosa, así como de estos acuerdos”. Desde el punto de vista jurídico, no parece ser éste el caso, dado que el gobierno argentino al menos por el momento no tomó la determinación de impedirle su labor pastoral, algo que podría darse si se le impide expresamente el ingreso a las unidades militares. Por su parte, Fernández dijo que “cualquier otro funcionario” que hubiera dicho lo que dijo Baseotto hubiera merecido “la reacción y la decisión del Presidente”.
De todas formas, aun desde el punto de vista jurídico la situación resulta difícil de determinar, por cuanto el acuerdo entre Argentina y el Vaticano no considera eventuales mecanismos para solucionar situaciones de litigio una vez que se ha prestado acuerdo oficial para la designación del obispo castrense. En la Cancillería argentina se adelantó que el lunes próximo habría notificación de lo decidido en Roma.
Después de criticar por “apresurada y unilateral” la determinación oficial, el comunicado de los obispos finaliza con una expresión conciliatoria y en busca de restablecer los puentes de diálogo con el Gobierno al señalar que “deseamos que se encuentre una pronta solución a este desacuerdo y que el incidente no sea más que un episodio pasajero”.