Menos de una semana después de la muerte de Julio Grondona, la sede de la AFA fue allanada por orden de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, en el marco de una causa que investiga una supuesta malversación de fondos públicos relacionada con el contrato con el Estado por la televisación de los partidos en el programa Fútbol para Todos. Ayer fue el segundo día de actividad formal en el edificio de Viamonte 1366, luego de que el lunes se reabrieran sus puertas tras el duelo por la muerte de su presidente. Personal del juzgado y de la Policía Federal ingresaron para obtener documentación relacionada con el contrato por los derechos de televisación. La causa tomó fuerza cuando el fiscal Eduardo Taiano imputó al actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y a sus antecesores en el cargo, Aníbal Fernández (actual presidente de Quilmes) y Juan Manuel Abal Medina. También había hecho lo propio con Grondona. Según fuentes judiciales, los allanadores buscaban el contrato entre el Estado y la AFA. “Tenemos que conocer cómo se utilizaron estos fondos públicos porque desde el Gobierno dicen que salieron 1500 millones de pesos y en la AFA dicen que recibieron 900 millones”, señalaron fuentes judiciales.