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El desarrollo tecnológico transformó por completo la economía, la ciencia, los medios de comunicación e incluso la política. Actualmente el poder sobre la información se define en la red, a través de la fibra óptica. Por su parte, los Estados encontraron nuevas posibilidades para aprovechar estas tecnologías generando nuevas estrategias de comunicación, o bien nuevos métodos de control. La posición política de cada gobierno determina el uso de estas tecnologías como una herramienta pública o en función de intereses privados. Desde su militancia, Sebastián Lorenzo comenzó a indagar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la política, particularmente en la relación entre administración pública y ciudadanía. Fundó el PJ digital (primera agrupación política en Latinoamérica en nacer y desarrollarse íntegramente en Internet), el Foro Internacional de las Sociedades Digitales y el Observatorio Iberoamericano de Gobierno Abierto. Se desempeñó como director de la Escuela Nacional de Gobierno desde donde ha impulsado el “Gobierno Abierto”, formalizando el uso que los gobiernos hacen de Internet como una herramienta fundamental para la política y la administración. El proyecto se desarrolla junto con políticas públicas como Conectar Igualdad y Argentina Conectada.

–¿Cómo impacta la tecnología en la participación ciudadana?

–Lo principal es que vivimos en un sistema de representación democrático y que eso implica que tenemos un representante que toma determinadas decisiones y que en cierto tiempo nosotros, los representados, expresamos nuestra conformidad o disconformidad a través del voto. En el medio, distintas formas de protesta pueden ser la expresión de aprobación o de rechazo de determinadas decisiones. Lo que sucede con la irrupción de las nuevas tecnologías es que operan como un voto cotidiano. La ciudadanía consigue manifestarse todos los días. Esto es posible, básicamente, por el soporte: sencillo, económico y de uso cotidiano. No requiere un andamiaje institucional costoso, ni se trata de un recurso finito, sino que responde a la opinión cotidiana de los ciudadanos. Siempre uso el mismo ejemplo: si yo tengo un libro y te lo doy, me quedo sin el objeto libro, en cambio si lo tengo digitalizado, en pdf por ejemplo, y te lo doy, ambos tenemos el libro. Esto que es tan simple ofrece al ciudadano la posibilidad de acceder a ciertos datos que antes resultaban escasos. De manera que puede exigir la apertura de esos datos, opinar sobre alguna actividad del gobierno, sobre algún decreto, etcétera. Si esta intervención se vuelve numerosa, puede llegar a influir en la agenda de algún funcionario, por ejemplo. La cuestión está en que esa manifestación permanece escrita, sobre la que muchos otros pueden opinar. Sus dos rasgos principales son que no responde a la lógica de la finitud y que trasciende barreras físicas (de distancia, por ejemplo). Por lo tanto, modifica profundamente la participación ciudadana.

–Aun así, una gran porción de la población no puede acceder a estos medios tecnológicos, sea por barreras culturales o económicas.

–Exacto, lo que aparenta ser muy democrático, hasta que no se logra una conectividad total y una cultura que pueda aprovecharlo, puede tener el efecto contrario: una porción mínima de la ciudadanía definiendo la agenda de todo el resto. Hoy Argentina es un ejemplo para América latina en materia de políticas públicas para el desarrollo de la conectividad. La primera es la Televisión Digital Terrestre (TDT), que pasó de una onda analógica a una onda digital, con lo cual a las casas llegan ondas digitales. Junto con esto se están entregando un millón seiscientos mil decodificadores de forma gratuita en la base de la pirámide. Se trata de una tecnología de punta que estará llegando primero a una familia pobre, antes que al resto de la sociedad. La segunda implementación clave se llama Conectar Igualdad, que apunta a entregar tres millones de netbooks. Son tres millones de computadoras en un país con once millones de familias. Es muchísimo, es un golpe directo a la brecha digital. Y por último, una medida poco conocida, porque se está empezando a implementar, es el programa Argentina Conectada. Es un cableado de fibra óptica en todo el país para dotar de acceso a Internet a todos los rincones del país. Esto es clave, porque el Estado opera como garante de que Internet se vuelva accesible para todos y de que llegue a los lugares que no son rentables para los privados. Entonces son tres políticas públicas que, por primera vez en la historia de nuestro país, están a la altura de las revoluciones tecnológicas, a la altura de la época. Y por primera vez la política está un paso adelantada respecto del sector privado.

–¿Cómo se define la noción de Gobierno Abierto?

–El Gobierno Abierto es un concepto norteamericano que viene a englobar una serie de buenas prácticas a la hora de trabajar desde la administración pública para sacarle provecho a este momento histórico a nivel tecnológico. Hay grupos de intelectuales, grupos de trabajadores de las redes digitales, grupos de funcionarios públicos y grupos de militantes que empiezan a pensar cómo aprovechar de la mejor manera este cambio de paradigma para lograr una gestión más participativa, más colaborativa y más transparente. Son los tres ejes que lo definen, las tres características que propuso Obama para el Gobierno Abierto. Habrá que ver cómo avanzaremos nosotros en el proceso y cuáles serán los fundamentos cuando armemos nuestro propio modelo.

–¿Cómo llegó la idea de Gobierno Abierto a nuestro país?

–Había países en el mundo que tenían mayor conectividad que nosotros. Por una cuestión de cercanía, nosotros nos vinculamos con los desarrollos que tenían lugar en España. Europa tenía más conectividad que Argentina y ya se comenzaban a ver estos procesos. Cuando explota el tren de Atocha, crece rápidamente el fenómeno de redes. El gobierno en aquel entonces indicó que el atentado había sido realizado por ETA. Entonces, frente a las contradicciones del gobierno, comienza a circular el mensaje de texto “No fue ETA. Fue Al Qaida. Pásalo”. Este mensaje fue la evidencia de cómo redes tecnológicas pueden modificar cuestiones políticas concretas. Impulsó el voto de los jóvenes, que en España no es obligatorio. La relación con este acontecimiento incrementó el interés de Argentina. Yo ingresé en un colectivo llamado “Colectivo de las ideas”, que era un grupo de bloggeros liderado por Rafael Estrella, que es ahora embajador de España aquí. Cuando era diputado publicó su sueldo en la web y se armó un lío bárbaro, todos se vieron obligados a publicar sus sueldos. En este espacio se comienza a pensar la posibilidad de un Gobierno Abierto en español. España generó la primera plataforma, específicamente el País Vasco creó Irekia, que es la primera en español. Fue cedida con software libre para que podamos implementar este sistema evitando el gran costo que significó construirla en su momento. Y vamos a implementar este modelo en Berisso, el primer municipio que va a poner en práctica la plataforma de Gobierno Abierto en Argentina.

–Conociendo la procedencia de esta idea, ¿cuál es la particularidad para Argentina?

–Nosotros estamos en un momento muy distinto respecto de Europa, donde la participación ciudadana va por un lado y la política va por otro. Aquí los gobiernos responden y dialogan permanentemente con la ciudadanía. Partiendo de esa base, la mecánica de trabajo será otra para llegar a determinado objetivo. Pero, además, tiene que ver con la capacidad de escucha y de aprovechamiento que los gobiernos tienen sobre las redes. Hay dos cuestiones: la cuestión técnica y el contenido. Sin técnica, no hay gobierno abierto, y no hay gobierno abierto sin una buena escucha sobre las redes. El componente cultural es el componente fundamental que marca la diferencia.

–¿Existe además una diferencia a nivel económico? Es decir, estamos hablando de países del primer mundo frente a países emergentes.

–Justamente desde el Conicet se está investigando esta cuestión porque, aunque presenten una mayor conectividad, eso no implica que se orienten a cuestiones políticas. En cambio, en Argentina se perciben más intervenciones políticas en la red. Tiene que ver con este momento histórico, donde en Europa no hay compromiso político y en Argentina la política se convirtió en parte de la agenda diaria de la gente. Aunque ellos tengan mayor nivel de conectividad, eso no implica mayor participación.

–¿Cuáles son las posibilidades que se abren para las relaciones internacionales?

–Cuando se pasó de la TV blanco y negro al color, cada país de América latina adoptó una norma diferente. Y eso fue totalmente predeterminado, de manera que el contenido de Argentina no podía ser visto por los chilenos y el contenido de Brasil era inaccesible para nosotros. Los principales productores audiovisuales no podían estar interconectados. Ahora, antes de que se aplique cualquier sistema, se juntan Dilma y Cristina y firman un convenio para usar, por ejemplo, la misma norma de televisión. Así, un codificador fabricado en Tierra del Fuego se puede vender en Costa Rica y contar con piezas fabricadas en Bolivia. A su vez, los televidentes van a poder acceder a cualquier contenido de la región. Creo que en esto hay una clave concreta de políticas orientadas a las nuevas tecnologías.

–¿Qué se espera de la ciudadanía para el buen funcionamiento de un Gobierno Abierto?

–Para el Gobierno Abierto la idea es no perturbar a la ciudadanía. Esta tiene que poder proporcionar mayor información para mejorar la gestión del gobierno. La colaboración que mencionamos antes, que caracteriza uno de los ejes fundamentales del Gobierno Abierto, responde a la idea de que un ciudadano además de participar naturalmente en la vida política puede colaborar con el gobierno. Al circular mayor información, el ciudadano puede formar parte activamente de determinadas reformas, puede ofrecer su cuerpo, sus servicios y todo lo que facilita la tarea pública. La participación y la colaboración están muy vinculadas.

–¿Algún ejemplo de transformación real?

–El canon digital es un ejemplo concreto. Sucedió hace algunos meses: la gente comenzó a manifestarse en Twitter con la consigna “no al canon”. Respondía a la implementación de un canon a todos los artículos digitales. La idea de poner un impuesto a los artículos digitales para proteger a la industria cultural de la copia digital. Con esto, todos los artículos tecnológicos se iban a ver encarecidos. El proyecto estaba a punto de ser aprobado, pero por la manifestación de varios usuarios en la red se detuvo. Los funcionarios pudieron percibir esta apreciación de los usuarios y evitar la implementación del canon que produjo tanto descontento. De todas formas, hay que pensar que el tema que se discutió concernía a la clase media, no a la clase más baja.

–Llevar a cabo estos modelos, ¿responde a la época en la que vivimos o a una decisión política?

–El Gobierno Abierto responde a un momento histórico y no es posible prescindir del mismo. No hay posibilidad de evitar el avance tecnológico, amolda las prácticas contemporáneas en general y la política no está exenta de esto. Es decir, hay una realidad respecto de los cambios tecnológicos y de prácticas políticas que obligan a los gobiernos a actualizarse. La decisión política reside en que el Estado puede actuar como garante del desarrollo tecnológico y tener una posición activa en la vida política mediada por la tecnología o puede hacerse a un lado y dejar el campo libre al sector privado. El cambio va a realizarse, la cuestión es el lugar que ocupe el Estado en este cambio.

–¿Cuál es la ventaja de que el Estado sea el tutor del cambio?

–En las redes sociales los ciudadanos pueden opinar, pero como no fueron pensadas para una participación política carecen de legitimidad como espacio de discusión. Una plataforma que proporcione el Estado va a tener la ventaja de ser un espacio virtual de discusión de temas fundamentales de la vida política evitando la mezcla y la contaminación de temas, permitiendo a los funcionarios una expresión amplia y clara de sus objetivos. Muchas redes sociales impiden discutir temas importantes de manera completa porque están pensadas con otros fines. La información que circula en esas plataformas es valiosa y si un día la misma no funciona más, desaparece un contenido de valor. El Gobierno Abierto viene a plantear la necesidad de un espacio donde se materialicen las demandas de los ciudadanos. Esto necesita un rol activo por parte del gobierno. La cuestión es que todo esto va desarrollarse de todas maneras. El problema es que si no hay iniciativa por parte del gobierno, no se va a poder aprovechar esta herramienta de comunicación fundamental para mejorar una gestión y atender a las demandas ciudadanas.

–Uno de los puntos centrales que se discuten a la hora de hablar de un Gobierno Abierto es la apertura de datos, ¿a qué se refiere esta idea?

–Voy a proponer una consecuencia directa de lo que implica hoy en día la falta de apertura de los datos, que muchas veces se asocia con la falta de transparencia. Por ejemplo, cuando Das Neves no subió los resultados de las votaciones se lo acusó de fraudulento. Aunque no existe ninguna ley que indique que deben ser subidos los resultados a la red, existe una cultura y una exigencia por parte de la ciudadanía que lleva a reclamar la transparencia de las maniobras políticas. Esta exigencia se vuelve legítima porque el soporte la habilita, si consistiera en una demanda materialmente imposible no habría legitimidad alguna. Pero es más amplio, se resume en la siguiente frase: “si los datos fueron realizados con fondos públicos, salvo que afecten la integridad de la persona o cuestiones de seguridad nacional, deben ser abiertos a la ciudadanía”. El soporte facilita el acceso a esta información teniendo en cuenta que existen ciertos datos que aún no han sido digitalizados. Pero en lo referente a las elecciones no hay excusa. El proceso se realiza por medio de computadoras, entonces es imprescindible publicarlo.

–La centralización de la información puede ser un problema.

–Esta discusión tiene que ver con la idea de transparencia que caracteriza al Gobierno Abierto. La idea no es que se centralice la información sino que exista un control sobre la información que brinda el Estado. Al contrario, cuanto mayor cantidad de formatos circulen, es mejor para la ciudadanía y si esa información llega de forma descentralizada, buenísimo. El asunto es que el Estado debe brindar los dispositivos para garantizarle al ciudadano que esa información sea realmente brindada por el gobierno. Frente a ese riesgo, se tiende a resguardar la información para que no circule contenido equivocado. El problema no es la centralización de la información sino la validez de la misma, las licencias que la legitiman.

–Este cambio implica a la sociedad, a la educación, a la cultura, al desarrollo técnico y a la infraestructura. ¿Cuáles son los límites políticos y económicos para su realización?

–Esto obviamente depende de cuestiones presupuestarias, de decisiones políticas, de modificaciones culturales, de difundir información, de militar el tema. Me refiero a que el proyecto político que primero lo haga, más rédito político tendrá. Porque, si no se realiza, los ciudadanos lo van a reclamar.

–¿Los partidos políticos que se adecuaron a estas tecnologías modificaron sus estructuras?

–Está en proceso, en todos los partidos comienza a haber cuadros que discuten estas cuestiones. Se comienza a ver la intención de debatir estos temas. La derecha, por ejemplo, comienza a pensar modelos de Gobierno Abierto acercados a las corporaciones: buscando empresas que se hagan cargo del desarrollo, consultoras que lo organicen, etc. El peronismo lo empezó a hacer desde las bases: hay talleres de formación, cuadros familiarizados con el tema, blogs, etc. Esto es una bomba de tiempo porque al tener tanta masa crítica interesada en estos temas comienzan a surgir tareas y oficios relacionados con el desarrollo y la producción del modelo: el funcionario que lo aprovecha, el politólogo que lo investiga, el programador que diseña el software... Nosotros damos talleres de Gobierno Abierto en la Escuela de Gobierno y es increíble la cantidad de gente que viene, escucha, propone. En esta instancia, Gobierno Abierto puede ser un blog en un pueblo donde uno de los concejales presenta sus proyectos y espera una respuesta de sus habitantes. En esta última etapa comenzó a haber una decisión del gobierno nacional de apostar fuertemente a temas de Gobierno Abierto. SIGA fue un ejemplo de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

–¿Qué lugar ocupan las corporaciones en esta nueva dinámica comunicativa?

–Las corporaciones van a intentar determinar por dónde va a correr la información de todo esto. Hoy en día, si yo te mando un mail, la información se ve mediada por Google, pasa por Estados Unidos y luego te llega. Esa es una cuestión fundamental y el Ministerio de Planificación está jugando un rol clave en Argentina Conectada. Va a ser una gran lucha porque los que hoy prestan servicio de conectividad no quieren cambiar el sistema. Las corporaciones van por dos lados: primero por donde va la información y luego la manipulación de los contenidos. La de los contenidos ya la perdieron porque el usuario ha logrado manipular y seleccionar la información. Las corporaciones apuntan a obtener el monopolio de los canales por donde corre Internet y el monopolio de los contenidos que se difunden. Se transforman en pulpos donde todos los contenidos pasan por ese canal y eso puede traer como consecuencia un filtro informativo o directamente su censura.

–Se supone que Internet es un canal paralelo independiente de los discursos monopólicos.

–Claro, imaginemos qué puede pasar cuando el discurso dominante pasa por las plataformas manipuladas por las corporaciones. Ese es el campo de batalla a futuro. La manipulación del contenido se evidencia en los buscadores más comunes filtrando cierto tipo de información. El otro tema es el lugar por donde pasa la información, la infraestructura que sostiene la web. Algunos países, como el nuestro, la empiezan a pensar a nivel nacional: el Estado es el garante, el que se hace cargo de brindar el andamiaje (Argentina Conectada). Es una cuestión de soberanía: la información nacional va a circular exclusivamente dentro del país. Esta cuestión responde a la falta de neutralidad de la red, que es un tema enorme a debatir. La red nunca es neutra y las corporaciones quieren aprovechar esto. Los grandes monopolios brindan hoy acceso a Internet, no es casual, son empresas que deciden a quién brindarle conectividad y a quién no, porque desde ciertos lugares se pueden contar cosas, se puede hacer circular información en la red que no conviene que se conozca. Es una situación de exclusión muy grave, de silenciamiento a un sector de la sociedad. De esta manera regulan la información que transita de forma totalmente impune.