Desde Londres

El escándalo de “donaciones por acceso” tuvo una nueva vuelta de tuerca con las revelaciones publicadas ayer por The Sunday Times. Como un jugador que mantiene las cartas pegadas al cuerpo, el dominical del grupo Murdoch, que parece haberle declarado la guerra a la coalición conservadora-liberal demócrata, reveló nuevas reuniones secretas del primer ministro David Cameron para obtener financiamiento partidario.

El lunes pasado, Cameron publicó trece cenas que había tenido con donantes, en un intento de enterrar el escándalo por la investigación del The Sunday Times que había filmado al tesorero del Partido Conservador, Peter Cruddas, ofreciendo acceso al primer ministro y a su ministro de Finanzas a cambio de una donación de 250 mil libras. Cameron aseguró que la lista contenía todos los eventos con donantes que había tenido desde la victoria electoral en mayo de 2010. Pero en este segundo capítulo del escándalo, el dominical revela que hubo otras cenas y que Cruddas, lejos de ser un “jugador menor”, como aseguraban altos dirigentes conservadores, había participado en la mayoría de los eventos.

Según el periódico de los Murdoch, Cruddas aseguró una donación de un millón de libras dos semanas antes de renunciar a su puesto por el escándalo. En la filmación secreta, el hoy ex tesorero de los conservadores no da el nombre del donante. El dominical lo identifica como Michael Bishop, ex director de la aerolínea BMI, a quien Cruddas entregó una tarjeta para su cumpleaños firmada por el mismo Cameron. Bishop confirmó al dominical su encuentro con Cruddas, aunque dijo que ésa no era la cifra que había donado.

El escándalo no se limita al primer ministro y el ministro de Finanzas. Según The Sunday Times, los donantes fueron invitados a otras quince cenas y almuerzos con ministros y altas figuras partidarias. En estos ágapes, se puede rastrear un “Who is who” del Partido Conservador. Desde el ministro de Defensa, Phillip Hammond, hasta la ministra del Interior, Teresa May, y los titulares de las carteras de Trabajo, Justicia y Educación, pasando por la copresidenta del Partido Conservador, la baronesa Warsi, e importantes dirigentes, nadie ha dejado de pasar la gorra a empresarios y financistas. El canciller William Hague fue el anfitrión de un evento privado con más de 70 embajadores extranjeros el pasado octubre financiado con una donación de 10 mil libras de una cliente de Sarah Southern, una lobbysta que se encuentra en el centro del escándalo. Southern le dijo a dos reporteros del dominical que se hicieron pasar por ejecutivos de un grupo inversor en un paraíso fiscal que por esa suma ellos serían los “únicos participantes privados en la cena”. Por su parte, Edward Staite, ex jefe de Prensa del ministro de Finanzas George Osborne, sugirió a estos “ejecutivos” que podían financiar una Unidad de Política conservadora en temas que quisieran promover: Sarah Southern era el puente entre Straite y los “ejecutivos”.

El escándalo está golpeando duramente al Partido Conservador. Una encuesta publicada por el mismo periódico muestra que los laboristas tienen una ventaja de nueve puntos –siete más que hace dos semanas– y que la reputación del primer ministro David Cameron ha caído a su nivel más bajo desde que se convirtió en primer ministro: hoy sólo el 26 por ciento de los británicos aprueba su gestión. El escándalo se sumó al presupuesto anunciado hace diez días que quedó grabado en la opinión pública como el del “granny tax”, una reducción en el ingreso de los jubilados para financiar un descuento impositivo a los más ricos.

Los intentos de escapar de la “peor semana de la coalición” con alguna ofensiva que golpee a la oposición laborista se han convertido en espectaculares goles en contra. El martes, el jefe de Gabinete Francis Maude indicó que los motoristas debían abastecerse con un bidón adicional de gasolina por el peligro que constituía la irresponsable amenaza de huelga de los choferes de camiones cisterna.

Maude quería poner el foco en el vínculo financiero entre los camioneros y el laborismo, pero su advertencia provocó el caos. Una estampida de motoristas desesperados generó un peligro real de desabastecimiento, algunas peleas a puñetazo limpio en las estaciones de servicio y una mujer sufrió graves quemaduras mientras transfería en su hogar la gasolina de un bidón a otro. Hoy muchos conservadores admiten que las palabras de Maude fueron irresponsables y están pidiendo su cabeza. El grupo Murdoch, que está pasándole factura al gobierno por la investigación que ordenó el año pasado sobre las escuchas telefónicas ilegales que hicieron sus periódicos, publicó en primera plana del The Sunday Times que los días de Maude están contados.